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Detienen a 38 personas acusadas de una estafa telefónica de 1,5 millones

EFE | Pamplona

Un total de 38 personas han sido detenidas en Barcelona, Lleida, Huesca, Valencia, La Rioja y Navarra, en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una red responsable de una estafa telefónica de un millón y medio de euros.

En concreto, los detenidos están acusados de estafa, usurpación de estado civil, receptación y pertenencia a grupo criminal, por dar de alta fraudulentamente miles de contratos telefónicos a nombre de personas cuyas filiaciones conseguían a través de Internet, según ha informado hoy en rueda de prensa el comandante Oscar Esteban, responsable de la investigación, que se inició por unas denuncias recibidas en Navarra.

La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez Martin, han valorado la importancia de la operación, la primera de este tipo desarrollada en la Comunidad foral, según Alba, y de las primeras en España, según el responsable policial.

En total, 12 personas han sido detenidas en Barcelona, 8 en La Rioja, 4 en Lleida, 2 en Huesca, 9 en Valencia y 3 en Navarra, concretamente en Estella.

Sus edades están comprendidas entre los 16 y 56 años, siendo 6 españoles, 21 rumanos, 9 paquistaníes y 2 hindúes.

Durante la operación, denominada “Portable”, se han llevado a cabo además 11 registros domiciliarios y 9 inspecciones en establecimientos de telefonía móvil, en los que se han incautado de 500 teléfonos, 4.000 tarjetas de telefonía móvil y 45.000 euros en metálico.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias recibidas en Navarra, por delitos de estafa y usurpación de estado civil, al detectarse la contratación de líneas de telefonía móvil de forma ilícita, desconociendo los titulares de su existencia.

Al hacerse cargo de las investigaciones, la Guardia Civil de Navarra constató la existencia de un grupo organizado, estructurado jerárquicamente, de forma piramidal, donde cada uno tenía encomendada una misión por la que obtenían un beneficio económico.

De esta forma, una parte de la organización se dedicaba a obtener tarjetas de prepago puestas a nombre de ciudadanos paquistaníes, que habían sido dadas de alta en locutorios a cargo de personas de esta misma nacionalidad, mientras que otros se encargaban de realizar la portabilidad de la línea a otra compañía de telefonía móvil.

Para conseguir los datos de las víctimas, que más tarde serían los titulares del contrato, utilizaban los Boletines Oficiales, de donde sacaban listados de personas que habían aprobado oposiciones para la administración, aunque en otras ocasiones llegaron a utilizar nombres de personas inexistentes pero con apariencia legal, de las que aportaban una numeración de un DNI real.

Para poder completar el proceso de alta, facilitaban como cuenta bancaria para la domiciliación números obtenidos a través de Internet pertenecientes a Asociaciones, ONG o Clubes, aunque éstos, según han comentado, no llegaron a ser estafados.

En ocasiones se beneficiaban de diferentes promociones ofrecidas por las compañías y recibían terminales telefónicos de alta gama.

Otro grupo, compuesto por ciudadanos paquistaníes e hindúes que regentaban locutorios en Cataluña, eran los encargados de colocar en el mercado los móviles obtenidos de forma fraudulenta, vendiéndolos una vez liberados de la restricción impuesta por la compañía de telefonía, a precios más económicos que los del mercado.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, decretando el ingreso en prisión de cuatro de los integrantes de la organización considerados como los líderes de cada uno de los grupos.

Oscar Esteban ha precisado que tienen identificadas entre 400 y 500 personas como víctimas de la estafa, aunque consideran que existen “muchas más”, por lo que han solicitado la colaboración ciudadana para poder esclarecer totalmente los hechos.