NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Tres millones y medio de euros es la deuda que la cooperativa Mararía, empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de Santa Cruz hasta el pasado viernes, mantiene con la Seguridad Social, cantidad a la que, previsiblemente, tendrá que hacer frente el Ayuntamiento capitalino, como responsable subsidiario. Así lo explicó ayer a DIARIO DE AVISOS el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fran Baute, tras asistir a una reunión con el primer teniente de alcalde, Julio Pérez y el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, que estos días sustituye al concejal de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha, para explicar a los trabajadores la situación del servicio tras la renuncia de Mararía, dejando en manos del Consistorio la ayuda de 1.500 usuarios.
Según explicó Baute, el Ayuntamiento tenía que vigilar que la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio cumplía con sus pagos a la Seguridad Social, por tanto, “es responsable subsidiario de esa deuda y sabemos que la entidad pública ya está preparando una demanda contra el Ayuntamiento para recuperar ese dinero”. A la reclamación de la Seguridad Social se sumará la de los propios trabajadores de Mararía, que ya está preparando UGT, al considerar que el Ayuntamiento está eludiendo su responsabilidad con los empleados.
El secretario de la FSP de UGT explicó que “la ley establece que, de seguir prestándose el servicio, el Ayuntamiento tiene que subrogar a los trabajadores hasta que haya un nuevo concurso” y según Baute, el anuncio hecho por el Consistorio de que seguirá prestando la ayuda a domicilio a través de la entrega de cheques a los usuarios para que estos contraten directamente a los cuidadores “significa de facto que se sigue prestando el servicio y, por tanto, tiene la obligación de contratar a los trabajadores”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, por su parte, en un comunicado, aseguró que en la ayuda a domicilio, “acomete un proceso de renovación, actualización y mejora de la intervención social domiciliaria con las personas mayores en situación de vulnerabilidad social”. El Consistorio afirma que los cambios, “lejos de mermar en calidad, traen consigo una mayor idoneidad entre las necesidades de las personas usuarias y los recursos sociales”.
Un punto este que Baute considera que no se ajusta a la realidad porque, “cómo van a garantizar que las personas a las que se contraten tienen la formación adecuada y prestan el servicio con calidad. Ni ellos mismos lo saben”. Desde el IMAS se subraya que entre ayer y hoy se habrá completado el trabajo con el grupo de mayores que están en una situación más vulnerable, y se insiste, además, en que ya hay personas que han empezado a contactar con empresas alternativas.
Desde el Partido Popular, el edil Óscar García lamentó la situación de los 1.500 usuarios de este servicio, algo que, aseguró “se veía venir desde el 11 de junio, cuando se avaló la primera prórroga de pago de Mararía a la Seguridad Social y no entendemos porque no se ha avalado nuevamente a la cooperativa para al menos pasar un mes tan crítico como el de agosto”.
Críticas al concejal
García añadió que “estamos hablando además de 200 puestos de trabajo que en una situación como la que estamos no podemos permitirnos que desaparezcan”. El PP culpó directamente al Consistorio de “dejar morir a Mararía, dejando a los mayores en una situación lamentablemente grave y con un pleito más al que tendrá que hacer frente Santa Cruz”.
El edil del PP añadió que “si los 25 asistentes sociales se van a dedicar en exclusiva a solventar este problema, qué va a pasar con el resto de usuarios de Servicios Sociales”.
Tanto el representante de UGT como el del PP criticaron duramente que el concejal de Asuntos Sociales no suspendiera sus vacaciones para ponerse al frente de esta grave situación.