El Cabildo de La Gomera destinará 1,4 millones de euros a la atención de personas dependientes

EUROPA PRESS | San Sebastián de La Gomera

El Pleno del Cabildo de La Gomera ha aprobado este viernes por unanimidad la propuesta de convenio de colaboración a suscribir con el Gobierno de Canarias para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

A través de este convenio de colaboración, los centros de la isla se repartirán a partir de ahora un total de 1.473.462 euros, de los que 595.588 euros son financiados por el Cabildo (40%) y 877.874 euros por el Gobierno de Canarias (60%).

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en 2011 con el Cabildo de La Gomera para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

El Cabildo continúa con sus políticas sociales a través de estas ayudas garantizando el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad, así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz. Así, ambas instituciones mantienen los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.