En Canarias, entre 2004 y 2010, se incrementaron el número de abortos un 73 por ciento (de 2.892 a 5.003 “comunicados oficialmente”). Cada dos horas se interrumpe voluntariamente un embarazo en nuestra región (quinta autonomía con más abortos); el 56 por ciento de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En España se contabilizaron 113.031 abortos en 2010 (aunque diversas organizaciones estiman que la cifra real es el doble). Un último dato: en Canarias, el 95 por ciento de los abortos se realizan en centros privados, que ingresan unos tres millones de euros anuales por dicha actuación (siempre según datos oficiales).
El aborto libre se aprobó hace dos años (Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), con el voto del PSOE y la izquierda, y el rechazo de PP, CC, CiU, UPN, UPyD, siendo parte destacada de esa Ley la posibilidad de que las chicas menores de edad puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. En la práctica, esa Ley permitía abortar con cinco meses de embarazo (prácticamente, en cualquier caso) y, al mismo tiempo, suponía una actuación intervencionista del Estado en la sociedad sin precedentes: quitarle a los padres la patria potestad sobre sus hijos.
El ministro Gallardón puso en marcha este lunes (tal y como se venía anunciando desde hace un año), el proceso para modificar esa Ley, acentuando la imposibilidad de justificar la legalidad de la interrupción bajo cualquier supuesto de malformación o minusvalía. El debate sobre el aborto no se cerró en 2010, ni mucho menos; Zapatero simplemente utilizó como cortina de humo sobre la crisis esos debates (tanto el matar a los bebés como el acelerar la muerte de los enfermos con la eutanasia activa). No era necesario ampliar los supuestos existentes hasta esa fecha, ni mucho menos crear la polémica en el seno familiar. Sin necesidad de utilizar criterio religioso alguno (que, por otro lado, no estaría de más un país en el que el 75 por ciento de los ciudadanos se definen católicos), es muy posible que, como dice la doctora Gádor Joya, “cuando le contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viviéramos en una época bárbara y oscura”.
*Exportavoz del PP en el Cabildo
de Tenerife y del Ayuntamiento
de Santa Cruz