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El Gobierno canario asegura la continuidad de los centros de atención a discapacitados

Los centros de discapacitados seguirán abiertos este año. | DA

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias salvó ayer del cierre a buena parte de las organizaciones que asisten a discapacitados, mayores y dependientes de la provincia tinerfeña, tras aprobar fuera del orden del día los convenios de atención a la discapacidad, como venían reclamando desde hace meses las asociaciones.

Agrupadas en la Plataforma Tenerife Discapacidad, más de 35 organizaciones llevaban meses denunciando acuciantes problemas de liquidez, derivados de los impagos correspondientes al año pasado, además de la incertidumbre por la falta de fondos y los recortes previstos para el presente ejercicio.

De hecho, como ha venido publicando este periódico, desde la plataforma se había advertido del cierre de centros este mes de julio si no se aseguraba la financiación para 2012, que finalmente será similar a la de los dos últimos años. “Ahora estamos a la espera de que el Gobierno y los cabildos insulares firmen sus acuerdos, para que todas las promesas de los últimos meses se hagan realidad”, explicó ayer Raúl Cordero, uno de los portavoces de la plataforma.

El Gobierno regional, además, se ha comprometido con las organizaciones a pagar antes de final de mes el segundo trimestre del coste por plaza y día de los centros, una cantidad que supera los 300.000 euros. El consejero de Bienestar, Sanidad y Dependencia del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, anunció el pasado miércoles que el Ejecutivo regional había pactado con la Corporación insular cumplir con el convenio para la prestación de servicios a las personas dependientes por valor de 18.201.000 euros. Según informó el responsable del área en la Isla, Políticas Sociales presentó la partida para que fuera aprobada en el Consejo de Gobierno de Canarias, lo que ocurrió finalmente ayer.

A esos 18,2 millones habría que sumar otros nueve, que se destinarán a las políticas sanitarias de Tenerife.

Tras los reiterados incumplimientos de la Consejería de Políticas Sociales, las asociaciones que componen la plataforma Tenerife Discapacidad pidieron por escrito la dimisión de la consejera Inés Rojas, por su “manifiesta incapacidad política” en la gestión de los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad en las Islas.

“Desde hace dos años estamos haciendo un gran esfuerzo, porque no hemos podido ampliar el número de plazas ni servicios, aunque la demanda no ha dejado de crecer; y ahora, encima, tenemos problemas para pagar a los trabajadores y proveedores, porque cada vez se retrasan más los pagos comprometidos por la Administración pública”, concluyó Raúl Cordero.