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El Gobierno canario se expone a una multa de 1.500 euros diarios

Imagen de archivo de la sede administrativa del Gobierno canario en Tres de Mayo. / DA


DOMINGO NEGRÍN MORENO
| Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias deberá pagar una multa de 1.500 euros por cada día que pase sin que devuelva el mobiliario contratado en 2005 de manera ilegal. Tendrá que abonar, además, 12.000 euros en concepto de costas por una resolución del Tribunal Superior de Justicia que ordena la ejecución de una sentencia de 2007 por la que se anulaba el concurso para la equipación de edificios de la Administración autonómica.

El gerente de la empresa Arturo Martínez Serra, S. L., Álvaro Acosta, informó ayer de que, tal como ha sugerido el abogado Alejandro Arencibia, el siguiente paso será la vía penal.

El conflicto se originó hace siete años, cuando el Ejecutivo regional, presidido por Adán Martín, convocó un concurso para amueblar sus sedes administrativas: 1.800.000 euros en un primer plazo prorrogable por igual cuantía y tiempo. La adjudicación se concedió a Samper Croissier a pesar de que -así consta judicialmente- su oferta no era la más barata. La propuesta de la sociedad demandante fue rechazada por no cumplir todos sus requisitos. “La mesa de valoración otorgó a Arturo Martínez Serra 100 puntos y la siguiente empresa fue calificada con 92”, explicó Acosta. “Extrañamente”, añadió, “tres días después de que la dirección general nos notificara que uno de los documentos del expediente no era correcto, ellos [Samper Croissier] convirtieron en fijo el contrato laboral de una minusválida que no llevaba ni dos meses trabajando”.

Desde entonces, Arturo Martínez Serra, S. L. ha ganado todos los pleitos, incluido uno que el Supremo resolvió en octubre. Primero fue por lo administrativo, luego por lo contencioso y lo próximo será acudir a la Fiscalía. El gerente ha recordado que, el mismo día en que se les comunicó por escrito que se les había denegado la paralización cautelar, “caminando” desde sus oficinas en Santa Cruz vio cómo “descargaban un contenedor por la parte trasera” del edificio de Tres de Mayo.

“El Gobierno autónomo es incapaz de mover un dedo”, se lamentó Álvaro Acosta.