DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Paulino Rivero pretende impulsar la simplificación de las obligaciones formales de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) y, al mismo tiempo, endurecer el régimen sancionador para combatir el fraude.

Así figura en el borrador de propuesta entregado esta semana a los agentes sociales (empresarios, sindicatos y universidades) y a los grupos parlamentarios. El día 17, la comunicación saldrá de la Cámara legislativa en forma de resolución con vistas a una negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes del visto bueno de la Comisión Europea y del posterior debate en las Cortes del proyecto de ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Según la propuesta canaria, el instrumento de la RIC debería estimular especialmente la financiación pública y privada al fin de que contribuya al desarrollo de proyectos empresariales en el Archipiélago. Una de las quejas más extendidas es que la RIC ha servido para destinar los beneficios fiscales a negocios ubicados fuera de las Islas.

También se plantea una ampliación de la vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) de 2019 a 2026, la eliminación de las restricciones territoriales, la posibilidad de inscripción en el registro oficial de los establecimientos permanentes de entidades residentes o no y la ampliación del listado de actividades.

Autorizada por la Comisión Europea en el año 2000, la ZEC es un espacio de baja tributación cuyo objetivo es diversificar la estructura productiva isleña.

Actualmente, solo los servicios pueden operar en cualquier parte de Canarias.