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El Gobierno canario ya admite que quizá recurra al fondo de rescate

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Ejecutivo de Canarias matizó ayer su negativa a solicitar dinero del fondo de liquidez autonómica, un mecanismo dotado con 18.000 millones euros al que ya han decidido acceder Valencia, Murcia y Cataluña. Los expertos calculan que, a este ritmo, el bote (una tercera parte, 6.000 millones, se la presta Loterías y Apuestas del Estado al ICO) se agote a finales del año.

Las comunidades autónomas afrontan unos vencimientos de deuda de alrededor de 15.666 millones. De un total de 3.700 millones, a Canarias le vencen 522 millones de euros entre octubre y diciembre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz transmitió el mensaje de que Canarias no se acogerá al fondo de rescate, pero introdujo una variante: “Por ahora”. Martín Marrero replicó al PP que no existe la “urgencia extrema” que apremia a algunas comunidades gobernadas por ese partido.

Sin embargo, admitió la evidencia de que “no se puede” adivinar qué ocurrirá en el futuro. “Dependerá de las restricciones generales que los mercados impongan a la financiación”, dijo Marrero. En este sentido, dejó una puerta abierta. “Indudablemente, lo que suceda tiene mucho que ver con el efecto contagio de los problemas que está padeciendo España”.

Marrero no ocultó que el Gobierno de Canarias está “preocupado”, si bien precisó que los intereses de 2012 están dentro de lo previsto: unos 200 millones de euros. Explicó, además, que el volumen mayor de la deuda de Canarias permanece a precios anteriores al momento en que España entró en barrena. “El grueso de las operaciones de tesorería se realizó antes de la escalada de los tipos”, apostilló.

En cualquier caso, comentó que no hay que ponerse “una venda en los ojos” y recordó que “no vivimos en una burbuja”.

La situación de España “es la que es y arrastra a las comunidades autónomas”, manifestó. “Todo eso produce un efecto contagio que perjudica a una Comunidad Autónoma con las cuentas saneadas como la canaria”.

En tales circunstancias, el portavoz del Ejecutivo de Paulino Rivero (CC-PSOE) arguyó que “se desconocen, como tantas otras medidas del Gobierno de España, las condiciones de ese fondo de liquidez, como los intereses y los plazos”.

El lunes, el ministro de Turismo, Industria y Energía, José Manuel Soria, aconsejó a la Comunidad Autónoma de Canarias que pida ayuda si se encuentra en apuros.

El sábado, el consejero de Economía, Hacienda, Javier González Ortiz, había difundido un comunicado en el que subrayaba que Canarias no iba a ser rescatada porque es de las regiones que llevan a rajatabla la reducción del déficit público.

Desde la oposición, la diputada autonómica Australia Navarro asevera que “Canarias debe desmontar el chiringuito de Coalición Canaria para poder cumplir con el objetivo del 1,5% sobre el PIB en 2012.

Los últimos movimientos estratégicos inducen a pensar que el PP presiona para que la Administración canaria asuma la “realidad” y reclame “lo que le haga falta”. El Gobierno autonómico se resiste porque eso significaría una intervención y una revisión del plan de ajuste.

Asuntos tratados por el Consejo

Los empresarios del turismo “deberán” facilitar a los inspectores datos de carácter personal. El Gobierno canario pretende que los empresarios del sector turístico cedan legalmente a los inspectores los datos de carácter personal. Así figura en el anteproyecto de modificación de la ley 7/1995 de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias. El Ejecutivo acordó ayer solicitar el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma de tres artículos concretos: el 35 (estándares relativos a la urbanización turística), el 75 (infracciones turísticas muy graves) y el 83 (cometidos de la inspección turística). Entre otros aspectos, se persigue describir de forma más clara y precisa, una de las conductas susceptibles de ser calificada como “infracción muy grave”, que es la consistente en construir, ampliar, reformar, rehabilitar o abrir un establecimiento turístico de alojamiento sin la “preceptiva” autorización administrativa.

Dos sentencias sobre la TDT. Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional recibieron el miércoles la notificación de dos sentencias del Tribunal Supremo que, en palabras del portavoz del Ejecutivo regional, no anulan el concurso de la televisión digital terrestre (TDT). “El Supremo obliga a retrotraer el concurso al momento de la valoración de las ofertas para que se subsanen la falta de motivación que presenta el informe externo en el que se apoyó la propuesta de adjudicación”, explicó Martín Marrero.

Regulación ambiental. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de decreto por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y crea el correspondiente registro.

Centros educativos. El Consejo redactó el proyecto de decreto por el que se crean tres nuevos centros educativos públicos en Canarias.