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El Gobierno crea una unidad de inspección audiovisual

Reunión del Consejo de Gobierno, ayer en Santa Cruz de Tenerife. | ACFI

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto por el que se crea la unidad de Inspección de Medios de Comunicación, integrada en la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, que dirige Martín Marrero.

El servicio se asignará a un equipo formado por siete personas y no supondrá un aumento del gasto de personal, precisó el portavoz, porque ya son empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Estará compuesto por un jefe de servicio, dos inspectores, dos instructores y dos jefaturas de negociado.

“No es más que el ejercicio de una competencia que tiene el Gobierno de Canarias en materia de medios de comunicación audiovisual”, explicó Martín en rueda de prensa. “Es un elemento previsto en la Ley General Audiovisual del Estado para velar por el cumplimiento de la legalidad en este y en otros terrenos”, añadió.

El propósito del Ejecutivo regional es “asegurar el cumplimiento de la legalidad de los medios de comunicación social”. Sus funciones consistirán en la “verificación de las condiciones de la emisión o recepción de los servicios de comunicación audiovisual y del cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos derivados de la correspondiente licencia”.

También “será la responsable de las comprobaciones, constataciones, medias, exámenes, análisis, controles o pruebas necesarias para el ejercicio de las facultades que comprende la inspección”. Asimismo, recopilará “documentación para atender la reclamación, queja o denuncia de la inspección”. Además de realizar visitas de “inspección y comprobación”, emitirá informes y practicará notificaciones.

Otro de los cometidos de la unidad de inspección es el de “constatar el cumplimiento de los deberes legales y reglamentarios de las empresas”.

Viviendas

Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno ha decidido reorientar las políticas de vivienda para adaptarlas a la crisis y a los ajustes presupuestarios. Así, la nueva estrategia se centrará en las familias con menores recursos sobre la base de la rehabilitación y reposición de viviendas.

En la sesión, la consejera Inés Rojas informó de que en estos momentos existen 46 convenios firmados entre los dos gobiernos y los ayuntamientos para rehabilitar o reponer 6.000 viviendas por 200 millones de euros. “Si todos los proyectos estuviesen en marcha se crearían 12.000 puestos de trabajo”, resaltó Martín.

Servicios postales

Con el fin de ahorrar costes y perfeccionar la gestión, el Gobierno canario centralizará los servicios postales de la Comunidad Autónoma. A propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, se convocará un concurso público al que podrán optar todas las empresas acreditadas para tal fin por el Ministerio de Fomento.

La licitación contará con un presupuesto estimativo máximo para dos años de 9,4 millones de euros, sin incluir el IGIC.