EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno canario estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto ley que establece el copago sanitario, al que se “opone frontalmente”, pero que debe aplicar porque se trata de una ley, según informó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz lamentó la situación que ha generado esa medida, “pues muchas personas no pueden hacer frente a lo que ha denominado como “repago” de los medicamentos.

El Ejecutivo, ante esta situación, “lo más que puede hacer”, y es lo que ha hecho, es enviar un informe al Ministerio de Sanidad en el que da cuenta de las incidencias que han surgido, en relación a las reclamaciones de las personas que no figuran como beneficiarios.

Marrero explicó que, pese a que en el real decreto figuran las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para atender a este tipo de reclamaciones, éstas se han derivado al Servicio Canario de Salud (SCS), que carece de competencias en la materia, en una dinámica que ralentiza las reclamaciones, lo cual es “grave” porque implica que pacientes dejen de medicarse.

Además, esta nueva situación, que no cumple con lo que regula el real decreto, genera “indefensión” por parte del ciudadano, porque se dirige al afectado a una administración que carece de competencia en esa materia, lo cual es “anómalo e injusto”.

Por otro lado, el Gobierno incrementará también en 8,5 millones de euros el crédito previsto para promocionar la actividad empresarial y el autoempleo en el IV Plan Integral de Empleo de Canarias, al haberse consolidado estos ámbitos como una importante alternativa al desempleo. Marrero explicó que, con esta decisión, se persigue diversificar y optimizar la gestión de los fondos, que podrán seguir siendo justificados al Estado ya que el Plan Integral permite este tipo de acciones.
Asímismo, se activa el pago de los créditos pendientes a través de la línea de respaldo a la emprendeduría.