EUROPA PRESS | Santander
El Gobierno de la Nación está ultimando la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que dará respuesta a la “creciente demanda colectiva de seguridad ciudadana y tranquilidad” y a la necesidad de compatibilizar el correcto uso del espacio público por parte de todos.
La futura norma “evidencia el compromiso firme y sólido” de la Administración central en su lucha contra “cualquier forma de ilícito” y la reiteración delictiva, una cuestión esta última que actualmente “preocupa e inquieta mucho a los ciudadanos”.
Así lo ha avanzado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, durante su participación en la inauguración del curso ‘La policía científica y la prueba prericial’, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en la que ha estado acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, y la comisaria general de la Policía Científica y directora del seminario, Pilar Allúe.
Ruiz también ha indicado que además de la citada, el Gobierno trabaja en la elaboración de una Ley de Seguridad Privada, un reglamento regulador de los Centros de Internamiento de Extranjeros y un Reglamento de Prevención y Bloqueo de Financiación del Terrorismo.
También lo hace en un proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal del Cuerpo Nacional de Policía y en una orden ministerial de Estructura de este cuerpo, que se encuentra “prácticamente perfilada”, y en la que destaca la importancia de la cooperación policial, la inteligencia criminal y la innovación y lucha contra el crimen.
El delegado ha insistido en la “trascendencia” de estas iniciativas normativas, que son algunas de las líneas estratégicas de actuación del Ministerio del Interior para esta legislatura.
Por otra parte, ha destacado el “vínculo perfecto” y la “exitosa relación” entre ciencia y policía, y se ha remitido a la memoria anual de actuaciones de la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional de 2011, cuando se identificó a más de 13.700 delincuentes por sus huellas digitales, ADN, o manuscritos y se esclarecieron 15.257 delitos, de los que 350 eran agresiones sexuales, 329 homicidios y 119 casos de terrorismo.
Igualmente ha resaltado que la Policía Científica española está “en la vanguardia europea” como demuestra que es “habitual” que gobiernos de distintos países soliciten la colaboración de sus expertos, como en el incendio de la granja penal de Comayagua, donde murieron 362 personas y, en respuesta a la petición de Honduras, acudieron cuatro expertos españoles, entre ellos, el jefe de la brigada de Policía Científica de Cantabria.
Por su parte, Tolosa ha señalado que, dentro de la actividad procesal, especialmente penal, la parte más determinante para la decisión judicial es la actividad probatoria, y dentro de ésta la prueba pericial es una de las de “mayor complejidad” y “de la que más necesitan los jueces”.
Mientras, Allúe ha explicado que en esta sexta edición del curso se abordará una tercera parte del trabajo que lleva a cabo la Policía Científica, con una temática centrada en el presente y el futuro de esta actividad; un futuro “que ya está aquí”, ha asegurado.
Además ha destacado la “calidad” del trabajo de los peritos policiales del Cuerpo Nacional de Policía.