NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
El Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife entra en su fase final con la aprobación del documento mañana en el pleno ordinario del mes de julio.
Después obtener el visto bueno en el Consejo Rector de Urbanismo el pasado viernes y el de la Comisión de Servicios Territoriales celebrada ayer, el documento llegará a la sesión plenaria una vez que ha cumplido tanto con las “exigencias legales precisas” como con “las formalidades legalmente exigibles”, tal y como recoge el secretario general del pleno, Luis F. Prieto, en el informe que acompaña al Plan y que es preceptivo para ser llevado a pleno. Dicho informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, había sido exigido de manera reiterada por la oposición puesto que sin él no es posible la aprobación del PGO, un trámite que, como ya anunció esta semana José Manuel Corrales, su formación, XTF, recurrirá. A este se sumó ayer el anuncio de la Plataforma contra el PGO que se querellará contra los ediles que voten a favor del Plan.
Más allá de las denuncias, el dictamen elaborado por Prieto, aborda a lo largo de 29 páginas, los distintos aspectos que hacen que el procedimiento seguido para aprobar el Plan mañana, sean los adecuados, avalando por tanto todo el proceso. La caducidad, el fuera de ordenación e incluso la necesidad o no de que el PGO vaya acompañado de la Evaluación de Calidad Ambiental son algunos de los asuntos a los que hace referencia a través de doce puntos, para concluir en primer lugar que, “el documento sometido a aprobación cumple desde el punto de vista formal, las exigencias legales precisas”. En segundo lugar, “se reiteran las observaciones formuladas en anteriores informes, que se dan aquí (el informe) por íntegramente reproducidas, así como las señaladas en las diferentes consideraciones jurídicas del presente dictamen”. En tercer lugar concluye que “por los que se refiere al procedimiento, se han cumplido las formalidades legalmente exigibles” y por último señala que “la adopción de los acuerdos correspondientes requiere de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno…”
Consideraciones jurídicas
El informe del secretario se inicia relatando la cronología que ha seguido el documento para, seguidamente, entrar a valorar las consideraciones jurídicas. En lo que a los aspectos formales se refiere, el informe señala que el documento se presenta en soporte válido, tanto en digital como en papel, y que ha sido verificado por el Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo. En el apartado de los aspectos materiales, el primero que aborda, es la necesidad o no de someter el documento a Evaluación Ambiental, señalando, después de una profusa explicación a través de las distintas leyes en la materia que, debe ser la Cotmac la que decida y advirtiendo de que, en caso de su inaplicabilidad, “debe exigirse una cuidadosa motivación por parte de la Cotmac a la hora de declarar la inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, con el fin de no incurrir en posibles motivos de nulabilidad”.
El informe también aborda el catálogo de edificaciones en fuera de ordenación, señalando que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, debiera considerarse la exclusión de dicho catálogo de todos aquellos edificios en que la afección no sea relevante. En cuanto a la caducidad, insiste el secretario en que, de existir, ésta debe ser declarada por la Cotmac.