EUROPA PRESS | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu advierte, tras admitir a trámite la querella presentada por UPyD contra 33 exconsejeros de Bankia, que la quiebra de la entidad “podría desestabilizar todo el sistema finaciero del país”. “La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento”, dice el juez.

“El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo ascendería, por tanto, a la suma de 23.465 millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjucio para la economía nacional”, agrega el magistrado tras referirse a la inyección de 4.465 millones de euros realizada por el FROB y que “se convertirá en acciones de Bankia al no poder ser devueltos”.

El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia a los que ha citado a declarar como imputados y entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Imputa de forma inicial a los exconsejeros la comisión de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Precisa, además, que concretará a lo largo de la instrucción los delitos que atribuye a cada uno de ellos.

Así, destaca “la suma relevancia de Bankia el sistema financiero español” ya que se trata del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes y un volumen de negocio que supera los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros.

“Defraudación”

En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa Andreu detalla, en concreto, que este órgano judicial se ocupa de “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión” y destaca que los hechos “encajan plenamente en el concepto material de defraudación”.

El juez destaca también “la trascendencia de los hechos que son objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la investigación penal” e impone a la formación denunciante una fianza de 20.000 euros para constituirse como parte.

Describe que, según la querella, los hechos reflejan el deterioro patrimonial de la entidad que fue creciendo progresivamente en un breve espacio de tiempo” pasando el balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

UPyD denunció que los consejeros de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas de ambas entidades para crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores.