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El paripé español> Juan Hernández Bravo de Laguna

La actual situación social y política española admite muchos calificativos negativos, tales como lamentable, impresentable o de perfil democrático bajo. Sin embargo, a cambio, comporta la enorme ventaja de ser decididamente previsible. Cualquier sinrazón o absurdo que se nos ocurra, y que sería impensable en otro Estado del mundo democrático, tiene su sitio -y sus defensores- entre nosotros. Y lo que es peor: no constituye ninguna novedad. Lo insólito sería que no tuviera lugar. También es insólito que algunos nos sigamos tomando en serio todo este disparate que nos asalta a diario desde los medios de comunicación, aunque cada vez nos cuesta más hacerlo. Por si no fuera suficiente, los medios ventilan juicios paralelos, con sentencias inapelables incluidas. Y el Estado de Derecho español pierde credibilidad a manos llenas.

Claro que, afortunadamente para el poder, la memoria colectiva es más que flaca y la gente en política no suele recordar ni lo que pasó ayer. Sin contar con los incondicionales, que justifican por sistema todo lo que hace su partido y critican no menos sistemáticamente lo que hacen los demás, y los interpretadores de la realidad de piñón fijo y anteojeras partidistas.

Desde principios de los años 80, con el primer Ejecutivo socialista, en este país se ha impuesto una concepción totalizadora y excluyente del poder, que incluye la perversa idea de que ocupar el Gobierno significa apoderarse del Estado y de todas sus instituciones, y contar con la obediencia o la complicidad de un sector importante de los medios de comunicación. Y cuando, por ejemplo, se debate sobre la televisión pública -y también sobre la televisión y la radio autonómicas canarias- no debería olvidarse esta perversidad.

No es motivo de satisfacción para los demócratas, por citar algún caso relevante, que, a consecuencia de esa concepción del poder y de su resultado inmediato, el sistema de “cuotas”, el requisito más importante para llegar a formar parte de multitud de instituciones estatales y comunitarias, y hasta de muchos órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que son especialmente significativos, sea la confianza partidista y no los conocimientos jurídicos y la cualificación técnica. Sin que ello signifique, por supuesto, negar dicha cualificación por principio a todos los miembros de esas instituciones y órganos, a todos los profesionales de la judicatura y del Derecho que ganan esa confianza partidista y acceden a tales instituciones y órganos. Como no podía dejar de ocurrir, entre ellos hay buenos, malos y regulares juristas, sin dejar por eso de estar a la orden de las fuerzas políticas que los apadrinan.

Esto significa, en primer lugar, que los fundamentos jurídicos de sus sentencias, dictámenes y acuerdos son únicamente un mero pretexto -o una coartada- al servicio de la ideología y las opiniones políticas de cada uno. Y que, con recurrencia implacable, las mayorías y las minorías de sus votaciones responden con exactitud a la adscripción partidista de dada uno, es decir, al partido que lo ha propuesto. En un escenario semejante, en el que, por ejemplo, las asociaciones de jueces y fiscales se comportan como si fueran partidos políticos (son grupos de presión altamente politizados), ¿cómo podemos hablar de objetividad del Derecho y de independencia judicial, o sostener que esta independencia se ve amenazada por manifestaciones callejeras?
En relación con las asociaciones judiciales, en principio pueden resultar discutibles y, desde luego, el permitir el asociacionismo judicial no es la única posibilidad democrática ni el único modelo a seguir que nos ofrece el Derecho comparado. Y lo que ya parece francamente criticable e indefendible es que, además, esas asociaciones judiciales tengan los indisimulables sesgos políticos que tienen. Al igual que los militares profesionales, los jueces y fiscales están sometidos a determinadas restricciones en sus derechos políticos, y nada impide que ésta sea una de esas restricciones.

Socialistas y populares han pactado recientemente la renovación del Tribunal Constitucional a través del nombramiento de cuatro nuevos magistrados, propuestos dos y dos por cada partido. Y los cuatro candidatos se han sometido a un teórico examen de idoneidad de sus trayectorias y sus criterios ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Una desangelada y tranquila comparecencia de trámite que, como era de esperar, ha concluido con el aval de la Comisión. De cualquier modo, tenían garantizada su elección por el pacto y se trataba solo de guardar las apariencias.

La portavoz y líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado de “farsa” este reparto y ha denunciado el “paripé” que supone hacer que se examine a unos candidatos decididos de antemano. “Es la representación de una farsa: la apariencia de control democrático a lo que no es sino un reparto de la tarta constitucional ente dos partidos. Es la perversión del sistema, de la institución parlamentaria y finalmente de la democracia”, concluyó. Claro que es una farsa y un paripé, añadimos nosotros, un pobre teatrillo a la española. Pero nos queda la duda de si Rosa Díez hubiera opinado igual en caso de haber podido participar en el reparto.