Lleva el PP apenas ocho meses al frente del Gobierno central. Su acceso a La Moncloa se produce en un momento muy difícil, tras cuatro años de dura crisis económica, y gana las elecciones gracias a los efectos devastadores de la misma en el PSOE y a las contradicciones de este. Hereda una crisis económica, consecuencia de la crisis financiera surgida en Estados Unidos, a lo que en España se suma el estallido brutal de la muy artificial burbuja inmobiliaria. Y, con una enorme sucesión de decisiones equivocadas de todo tipo, en tan corto período de tiempo el PP ha logrado empeorar sustancialmente la situación en los más diversos órdenes. Sin duda, en el orden interno. La gente vive hoy bastante peor que hace ocho meses. Hay muchos más desempleados que entonces, como confirma la EPA del segundo trimestre. Incremento del paro ayudado por la agresiva reforma laboral y por la pésima gestión que frena el consumo y paraliza la economía. Hay más gente en situación de pobreza, circunstancia que se agudizará con el agotamiento de las prestaciones por desempleo. Así como con la reducción de las prestaciones a partir del séptimo mes. Incrementándose la exclusión social de amplias capas de la población.

Los pensionistas han sido castigados con la elevación del IRPF y, de manera especial, con el copago/repago sanitario, así como por el aumento de tarifas eléctricas, telefónicas o de transporte. Los autónomos han corrido la misma suerte, con la subida de impuestos indirectos y de retenciones. A los funcionarios se les quita la paga extra de Navidad y se empieza a hablar de hacer lo propio con la de junio. Los despidos de trabajadores en los servicios públicos no harán más que incrementarse en los próximos meses, cuando ya no se reponen los efectivos que se jubilan o fallecen. El ataque a la Educación y la Sanidad públicas ha sido poco disimulado. Y contundente la voladura de la Ley de la Dependencia, lo que influirá en el bienestar de cientos de miles de personas y supondrá un retroceso, también, para muchas mujeres que se verían obligadas a regresar a sus hogares a cambio de nada. Las subidas generalizadas de impuestos arrasan con las economías de las clases medias, mientras no se hace nada por conseguir una fiscalidad más progresiva y justa ni por perseguir al fraude, más bien todo lo contrario.

Junto a ello están impulsando una involución centralista que pretende limitar gravemente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. La regulación del Fondo de Liquidez Autonómico es, claramente, una estrategia de intervención del Gobierno central, de escasa vocación autonomista, en las comunidades autónomas, para imponer sus políticas económicas e inhabilitar a los pocos autogobiernos que no controlan los conservadores. Otro tanto hacen con las corporaciones locales, responsables solo del 3% de la deuda aunque gestionan el 12% del gasto, con medidas que tratan de bloquear su margen de actuación: el plan de pago a proveedores y el proyecto de ley de reforma del régimen local son instrumentos para ello. Potenciando, sin embargo, a las diputaciones, menos democráticas, al no ser de elección directa y que son un auténtico nido caciquil.

El incumplimiento sistemático del programa con el que concurrieron a las elecciones de noviembre, y la adopción de medidas que castigan a una parte muy significativa de la ciudadanía, algo tienen que ver con el retroceso electoral que empiezan a apuntar las distintas encuestas, pese a que todavía no se padezcan en su integridad todas las consecuencias de las medidas anunciadas y puestas en marcha. Así, en el último estudio sociológico del diario El Mundo se pronostica al PP una pérdida del 19,8% de votantes respecto a los comicios de noviembre. Es decir, que en apenas ocho meses se le volatilizan casi 2.200.000 electores, pese a la tradicional mayor estabilidad del voto conservador, que parece resquebrajarse con las actuaciones de este Gobierno. Sus promesas de arreglar la economía y generar empleo han caído en saco roto, con más destrucción de empresas y más paro. Lo mismo ha sucedido con sus aseveraciones de que su llegada al Gobierno iba a lograr recuperar la confianza de los mercados y aumentar el prestigio internacional de España. Lo uno y lo otro se encuentran hoy bajo mínimos. Y no por casualidad. La credibilidad de España la han dilapidado de forma completamente irresponsable. Lo hicieron cuando por intereses claramente electoralistas retrasaron cuatro meses la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Unos PGE sometidos pocos días después de su presentación a una autoenmienda, con el recorte de más de 10.000 millones de euros que afectaron a Educación y Sanidad. Y poco después del visto bueno de las Cortes a las cuentas públicas en junio aprobaron reales decretos que suponen un profunda modificación de ingresos y gastos, mediante recortes y subidas de impuestos, que se elevan a 65.000 millones de euros entre 2012 y 2014.

Trasladando, una vez más, la impresión de improvisación y falta de estrategia, que se mezcla con insólitas declaraciones de los ministros de este Gobierno que descubren la “irracionalidad de los mercados” o de históricos dirigentes del PP que insinúan que todo es una conspiración europea contra España.

Similar senda chapucera ha seguido la nacionalización de Bankia, generando, si cabe, más desconfianza en el exterior. Y el propio proceso de rescate parcial, aunque no les gusta llamarlo así, de las entidades financieras por parte de Europa. Negando hasta horas antes que se fuera a producir, como hizo el ministro Soria. Asegurando el presidente del Gobierno que fue poco menos que una imposición de España a sus socios europeos. Aseverando, asimismo, que este no iba a afectar ni a la deuda ni al déficit. O, en fin, publicando un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores conjunto con Francia e Italia exigiendo la aceleración de las medidas, que tuvieron que retirar una hora después por el desmentido de ambos estados.

Todo esto nos ha llevado, con el profundo deterioro de la credibilidad y la ausencia de un plan económico adecuado, al borde del rescate total de España, cifrado en unos 300.000 millones de euros.

En definitiva, el Gobierno del PP, ha tenido un comportamiento olímpico, batiendo todos los récord negativos que hacen que hoy la situación sea mucho peor que cuando alcanzaron el Gobierno; y que las perspectivas inmediatas sean de más recesión, desempleo, continuidad del desprestigio internacional y, con casi toda probabilidad, un próximo rescate total. El PP hunde a España.

*Diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias