M. F. | Santa Cruz de Tenerife
Casi un tercio de la población canaria trabaja en negro, es decir, sin cotizar a la Seguridad Social y sin pagar impuestos. Este tipo de actividades, que evaden el control fiscal, mueven cada año en las Islas más de 11.600 millones de euros, lo que sitúa al Archipiélago en la segunda Comunidad Autónoma con más economía sumergida de España.
Según un estudio elaborado por el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), esta actividad representa el 28,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, mientras que la media española está en el 23%.
Este estudio fue utilizado ayer por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias para justificar la creación de la mesa de seguimiento de la economía sumergida, trabajo irregular y absentismo laboral, en la que estarán representados los sindicatos, empresarios y administración.
Esta mesa se creó durante la celebración del Consejo Canario de Relaciones Laborales, que se constituyó en 1995 y no se convocaba desde 2006. En la reunión se pusieron sobre la mesa varias propuestas encaminadas a la lucha contra el fraude, a mejorar la burocracia administrativa y, en relación con el absentismo laboral, a involucrar al Servicio Canario de Salud (SCS) y a las mutuas de trabajo.
La directora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, explicó, tras la reunión, que presentó una bateria de propuestas a los sindicatos y empresarios para luchar contra la economía sumergida y, añadió, que no será hasta la próxima semana cuando se comiencen a adoptar medidas concretas. La idea, según indicó Gutiérrez, es que podamos consensuar medidas concretas que “nos permitan rebajar estos elevados porcentajes”.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, reconoció esta situación y se mostró dispuestos a “trabajar conjuntamente” con el Gobierno para establecer medidas para “erradicarla”.
Arricivita señaló que no hay peor competencia para un empresario que otro que no esté legal, y explicó que la economía sumergida “empobrece al sistema social, y compite en precios”. El presidente de ATA añadió, además, que muchos de estos empresarios que evaden sus impuestos también están cobrando las ayudas y prestaciones del paro, por lo que luchar contra esta actividad “es indispensable”.
No es un empresario
Para Arricivita, un empresario que no esté dado de alta y cumpla con sus obligaciones fiscales “no es un empresario” y, por ello, apostó porque se realicen inspecciones para “obligar”a cumplir la legislación. “No estamos tanto por la sanción económica, como por dar un plazo para que el empresario se ponga al día en el cumplimiento de la legalidad”.
En opinión de Arricivita no hay factura con o sin IGIC. “Siempre la factura debe ser con IGIC”, indicó, aunque “ahora tengamos que hacer frente a la subida”.
Tribunales laborales
Asimismo, el Consejo Canario reunido ayer también abordó las perspectivas de futuro del Tribunal Laboral Canario. La directora general de Trabajo explicó que este órgano se creó en 1995 como consecuencia de un acuerdo de concertación social, con el objetivo de mediar en los conflictos colectivos.
Desde 1997, año en el que empezó a funcionar, y hasta 2011, ya ha tramitado más de 2.700 asuntos. “En este momento y ante la Reforma Laboral, nos hemos propuesto buscar fórmulas para impulsar la actividad del Tribunal Laboral Canario, de manera que potenciemos su participación en los conflictos colectivos a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje”, añadió Gutiérrez.
Además de esto, aludió a otros asuntos que se abordaron durante la reunión, como la creación de una comisión de descuelgue de convenios a nivel regional, ya que a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral se prevé que los empresarios se puedan descolgar de determinados acuerdos y, por tanto, se propuso la creación de una comisión tripartita en cumplimiento de la última reforma laboral atendiendo el parecer de los miembros del Consejo de Relaciones Laborales.