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Facua cree que el copago pone en “grave peligro” la salud de pensionistas

EUROPA PRESS | Madrid

El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado que el copago farmacéutico pone en “grave peligro” la salud de los pensionistas con menor poder adquisitivo que, al verse obligados a adelantar el 10 por ciento de su importe, no podrán adquirir algunos fármacos pese a que “resulten esenciales para su salud”.

“Para los pensionistas con menor poder adquisitivo está suponiendo una auténtica barrera al acceso a los medicamentos, añade Sánchez, quien denuncia que “están haciendo de banqueros con el sistema prestándole un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses”.

“Resulta paradójico que en un país donde las entidades financieras han cerrado el grifo del crédito, en la mayoría de comunidades autónomas los pensionistas están siendo obligados a hacer de banqueros prestando al sistema un dinero que tardarán hasta seis meses en recuperar, y sin intereses”, añade.

En este sentido, recuerda, que pocas comunidades han establecido aún protocolos para que los pensionistas no tengan que pagar cantidades superiores a los topes mensuales que impone en el Real Decreto-ley.

Por otra parte, denuncia que su implantación está resultando un “caos” en muchas comunidades autónomas, que siguen sin establecer protocolos para que los usuarios reclamen cobros indebidos. En su opinión, es producto de las “prisas” del Gobierno a poner en marcha la medida.

“No sólo no se han colocado todavía carteles en las farmacias y los centros sanitarios públicos donde se informe sobre la medida y cómo debe afectar a cada perfil de usuario, sino que como FACUA pronosticó, se están produciendo multitud de errores”, advierte.

Por este motivo propone que el copago pase a denominarse ‘caospago’, ya que, en su opinión, es fruto de la “irresponsable improvisación” con la que se ha comenzado a aplicar. Y como muestra que haya pensionistas a los que se está tratando como si fueran trabajadores en activo, “obligándoles a pagar entre el 40 y el 60 por ciento del importe de sus fármacos, sin previsiones de devolverles un sólo céntimo salvo que se den cuenta y sus reclamaciones sean atendidas”.