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Inmaculada Montalbán (CGPJ): “¿Preferentes? Bueno, ahí está el Código Penal”

Protesta en Santiago de Compostela contra las preferentes. / EFE

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“La actuación que están llevando a cabo los jueces cuando detectan que las entidades financieras han engañado a los pequeños inversores con productos como las participaciones preferentes son una buena muestra de la necesidad actual que tienen los ciudadanos de que los jueces mantengan su independencia”. Las palabras de la vocal territorial para Canarias del Consejo general del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, son contundentes sobre la evolución judicial que en la actualidad atraviesan los productos tóxicos que las entidades financieras comercializaron profusamente en nuestro país a raíz de la crisis.

Inmaculada Montalbán, que aborda el complejo tema tras conceder una entrevista a este periódico (ver edición del DIARIO DE AVISOS del pasado jueves) advierte que en los casos relacionados con las preferentes se vislumbra un “esquema evidente de engaño”, por lo que se le cuestiona acerca de si no debería plantearse la vía penal. Su respuesta es todo lo contundente que puede ser habida cuenta de sus responsabilidades: “Bueno, ahí está el Código Penal, dice que cuando en una transacción hay indicios de engaño para obtener un lucro económico es susceptible de que se trate de una estafa. tendrá que ser el fiscal quien decida al respecto”.

A este respecto cabe recordar que tanto especialistas como el letrado tinerfeño Carlos Gómez (Sirvent&Granados) o las distintas plataformas de afectados organizadas en la Península apuntan igualmente al encuadre penal que presentan determinadas actuaciones en el caso de las preferentes.

Precisamente Gómez pronunció el pasado una conferencia en Santa Úrsula titulada El abuso de confianza de las entidades financieras en la que ahondó al respecto. Según detalló el abogado a los presentes en el aludido acto municipal, “este tipo de productos son ofrecidos por parte del banco siempre desde su perspectiva positiva, nunca desde la negativa y, desde luego, nada dicen en la entidad sobre los riesgos de los mismos”.

Para Gómez, que maneja con éxito una nutrida cartera de clientes al alegar la nulidad del contrato ya que el consentimiento se prestó viciado por parte de sus clientes, “la posibilidad de la vía penal no parte de los productos en sí, ya que son perfectamente legales, sino a raíz de que, una y otra vez, se comprueba que las entidades han engañado de una u otra manera, ya que nunca presentan los productos como lo que realmente son. Los perjuicios para quienes confiaron (de ahí lo del abuso) son harto conocidos y cada vez más preocupantes dada la crisis de las entidades.

Cabe apuntar que en españa se estima sólo en preferentes unos 400.000 afectados, de los que muchos han aceptado la permuta por otro tipo de productos. Además, los de aquellas entidades que requieran de fondos del rescate europeo deben sufrir una quita.
Como sentencia Montalbán, “en momentos como estos el último recurso para el ciudadano es que puede acudir a un juez independiente para que actúe conforme a Derecho”.

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Guía del experto sobre productos tóxicos

Durante la conferencia que pronunció el pasado jueves en Santa Úsrla invitado por el Ayuntamiento, el letrado tinerfeño Carlos Gómez (Gómez&Sirvent) dibujó un esquema de conocimientos prácticos sobre los productos tóxicos comercializados por las entidades financieras en españa durante el último lustro.

Swaps: fueron vendidos principalmente a empresas, aunque también están afectados muchos particulares. Aprovechaban generalmente cuando se pedía un crédito. Vendidos como seguros, en realidad son permutas financieras que han arruinado a más de uno.

Preferentes: principalmente para personas mayores que eran ahorradores de plazo fijo y a los que ofrecían un 7% el primer año. Al vencer el plazo, se convierte en una suerte de deuda perpetua.

Deuda subordinada: vendida a los clientes de mismo perfil, con la diferencia de que son canjeables por acciones. Lo malo es que también se parecen en que, tanto en uno como en otro caso, las pérdidas son cuantiosas sin que nadie le haya explicado previamente al cliente cuáles son los riesgos de estos productos tóxicos.

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