JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Atrás han quedado aquellos meses de verano marcados por la llegada de cayucos y pateras a las costas del Archipiélago. Ahora, especialmente en los últimos dos años, los flujos migratorios desde el África subsahariana se dirigen hacia la Península o países como Italia, convertido ahora en el principal de sin papeles.

Esta circunstancia ha provocado que las políticas de contención e internamiento puestas en marcha por los últimos gobiernos, hayan variado sensiblemente tras la llegada al Ejecutivo central del Partido Popular. Éste, inmerso en otras batallas, está apostando por la reducción del déficit y el desarrollo de medidas ahorro y ajuste económico.

En ese contexto, según ha podido saber este periódico, se enmarca el hecho de que el Ministerio del Interior se esté planteando la posibilidad de cerrar algunos de los centros de internamiento para extranjeros (CIE) que hay en Canarias, entre ellos el de Hoya Fría en Tenerife.

En él, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, en lo que va de año apenas ha habido una media mensual de 8 internos, que son vigilados por una docena de policías (cuatro en cada turno). Además, tanto el director como el subdirector, así como otros trabajadores del recinto, siguen acudiendo cada día a la instalación, lo que genera un gasto difícilmente asumible en una época como la actual.

No en vano, según informó recientemente en el Congreso el propio Gobierno central, en respuesta a una pregunta de un diputado de Izquierda Unida, los CIE del Archipiélago sumaron el año pasado un gasto de más de 1,6 millones de euros, la mayor parte de él, 1,1 millones, concentrado en el CIE de El Matorral (Fuerteventura), el más grande del país, con capacidad para más de un millar de personas.

En la misma respuesta parlamentaria también se aseguró que el gasto del CIE de Hoya Fría fue de 288.000 euros, mientras que el de Barranco Seco (Gran Canaria) se situó en 248.000 euros. En el conjunto de España, el funcionamiento de los nueve centros de ese tipo que existen todavía costó el año pasado 8,3 millones de euros, incluida la alimentación, limpieza, consumos de luz, agua y gas, y servicio médico, siendo de 17 euros el promedio de coste diario de la plaza de cada inmigrante retenido en esas infraestructuras.

Dicha cantidad no incluye los gastos de personal que conlleva el funcionamiento de estos centros, en los que el Estado retiene a los inmigrantes en proceso de expulsión por un máximo establecido por ley en 60 días, aunque la estancia media es de unos 37 días.
Además, el Ministerio del Interior manifestó que la expulsión de cada extranjero -que incluye la escolta policial y el billete de avión o barco- tiene un coste medio de 1.807 euros.

En 2011, Interior repatrió a 30.792 inmigrantes ilegales frente a los 30.163 expulsados en 2010, lo que supuso un incremento de 629 personas. En Canarias, las cifras son incluso más significativas, ya que los de 31.338 sin papeles llegados en patera en 2006, se pasó a sólo 196 en 2010 y 340 el año pasado, cerca de un 97% menos.

Crecen las repatriaciones ‘cualificadas’

La notable disminución en la cifra de inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente en nuestro país por vía marítima, no es la única causa que ha motivado que se reduzca casi al mínimo el número de extranjeros retenidos en los centros de internamiento (CIE) del Archipiélago.

También fue determinante la creación en el año 2009 de la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía (Bedex), cuya misión es la repatriación de los delincuentes extranjeros con antecedentes penales o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad y que suponga una amenaza para la seguridad pública.

Estas expulsiones son ordenadas judicialmente y conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros del espacio Schengen, durante un mínimo de cinco años. Según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio del Interior, la creación de la Bedex permitió que estas expulsiones crecieran casi un 12%, repatriaciones que Interior denomina cualificadas. Así, en 2011 fueron expulsados 9.114 delincuentes extranjeros, frente a los 8.196 de 2010, lo que supuso un aumento de 918 expulsiones. Teniendo en cuenta que en 2009 se efectuaron 7.591 expulsiones de este tipo, el balance hasta enero de 2012 fue de 1.523 delincuentes expulsados.

Por contra, las repatriaciones no cualificadas descendieron un 31,2%. Ello implica que de cada 10 extranjeros expulsados en 2011, ocho tenían antecedentes policiales.