D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia de Cuentas recomienda el cierre de empresas públicas de las entidades locales para que, en el contexto de contención del gasto público, se intente reducir sus costes operativos con la finalidad de optimizar los recursos destinados a su financiación. A su juicio, ello redundaría en una mayor eficacia y eficiencia de la gestión.

En el informe de fiscalización de las empresas públicas empresariales dependientes de las entidades locales, correspondiente al ejercicio de 2010, la Audiencia urge el inicio de los trámites de disolución o liquidación de las sociedades que hayan permanecido largo tiempo inactivas. Se refiere concretamente a la Entidad Pública Empresarial Local (Epel) del Cabildo de Tenerife y a otras siete: Destilerías del Valle, Aguas de Arucas, Costa Botija Golf, Urbanizadora Corralejo Playa, Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, Sociedad para el Desarrollo del Norte de Gran Canaria y Vientagua.

A fecha de 31 de diciembre de 2010 había en las Islas 118 sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales de las entidades locales. De ellas, 34 dependen de los cabildos, 5 de consorcios, 1 de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y las 78 restantes son de 41 ayuntamientos. Cuatro son entidades públicas empresariales locales y 91 integran la cuenta general.

La Audiencia observa que la mitad de las sociedades, el 50,4% de las 118, registra resultados positivos. Las once entidades que integran la cuenta general del Cabildo de Tenerife presentaban pérdidas. Entre las empresas con balance favorable en 2010 se encuentran el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), con 5,8 millones de euros; Guaguas Municipales, con 5,6; Aguas de Teror, con 2,5, y Teidagua, con 2,1 millones de euros.

En el grupo negativo figuraban: Titsa, con 10,1 millones de euros de pérdidas; Metropolitano, con 7,9, e Inalsa, con cuatro millones de euros. En cuanto a las deudas crediticias, a corto y a largo plazo, 11 de las 22 empresas con participación mayoritaria de las corporaciones locales canarias mostraban saldo en estas partidas. Sobresale Metropolitano de Tenerife, que con un importe de 189,7 millones representaba el 68,4% de la deuda financiera global de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife, que era de 277,2 millones.

El estudio pone de manifiesto que 16 de estas empresas contabilizaron números positivos, como el ITER (5,8 millones de euros) y Teidagua (2 millones).

Entre las otras seis empresas públicas mayoritarias con cuentas negativas, Metropolitano aportó 7,8 millones de pérdidas y Spet Turismo de Tenerife 1,4 millones de euros.

El capítulo de gasto de personal ofrece el dato significativo de que la partida alcanza el 44,1% del total, por delante de aprovisionamientos, con un 23,9%.

La horquilla abarca desde empresas como Valsequillo Iniciativas de Desarrollo y Afurgad, cuyos gastos constituían el 99,4% y el 98,3% de su explotación respectiva, hasta otras como Muvisa y Gesvisur, que no superan el 4,9% y 3,5% .

En el periodo de referencia, la plantilla media se situó en los 6.453 trabajadores, cantidad de la que el 25,8% correspondía a Titsa.
El sector público empresarial lo conforman las entidades en las que existe una intervención, directa o indirecta, de las administraciones públicas mediante una participación superior al 50% en el capital social.

La Constitución reconoce, en su artículo 128.2, la iniciativa pública en la actividad económica. “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

El plan de reestructuración y racionalización (BOE, 24 de marzo de 2012) contrasta la creciente disminución del peso de la Administración general del Estado con el “incremento sin parangón del sector público empresarial y fundacional en el ámbito autonómico y local”. En cierto modo, la Audiencia de Cuentas de Canarias coincide con el razonamiento de abordar “de forma decidida” la reducción y el saneamiento del sector público empresarial y fundacional.