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La reforma de la Ley de Dependencia primará cuidados profesionales sobre familiares

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (centro)

EUROPA PRESS | Madrid

La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia prevista por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ultima el Gobierno recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, así como una revisión de su régimen de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de nuevos requisitos para acceder a estas ayudas.

Así lo acordaron la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los responsables autonómicos del ramo en el Consejo Territorial de Dependencia, que ultimó el borrador de la reforma de la ley y definido el Real Decreto que modificará las condiciones actuales de copago de los usuarios de dependencia, elevando su aportación e introduciendo el patrimonio en el cálculo de su capacidad económica. La intención es que ambas normas se aprueben pasado mañana en el Consejo de Ministros.

Sobre los cuidadores familiares, se reduce el 15% la cuantía máxima que pueden percibir y se deja libertad a las comunidades autónomas para fijar el importe en cada uno de sus territorios, por lo que en las mismas circunstancias, dos personas podrían cobrar distinto en función de su lugar de residencia. Además, estos cuidadores no profesionales deberán “cumplir con unos conocimientos básicos para atender a la persona dependiente y convivir con ella”, según los nuevos “requisitos” anunciados por Mato.

En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del Imserso, César Antón, señaló que “se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores”.

Mientras no exista esta normativa, los cuidadores que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de “régimen transitorio” que aún está por definir, conforme ha señalado. Por su parte, quienes están ya dados de alta, seguirán como hasta ahora.

Otra de las novedades de la reforma es la modificación de las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. Una vez en vigor, el dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

Por otra parte, el Consejo ha visto el Real Decreto que revisará al alza el copago de los usuarios del Sistema de Dependencia, y que ha sido modificado respecto del borrador inicial.

El Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir del 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 532 euros al mes para el año 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.

Los fondos de servicios básicos, a la mitad

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, calificó ayer de “bastante drástico” el “recorte” en el 45,4% de los fondos que reparte el Gobierno entre las comunidades autónomas para cubrir los servicios sociales de atención básica que prestan los ayuntamientos.

Así lo manifestó Rojas tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, a la que asistió la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros del ramo, con anterioridad a su cita sobre la reforma de la ley de Dependencia.

En concreto, el Gobierno distribuyó por la mañana entre las comunidades autónomas 47,3 millones para cubrir esos servicios sociales de atención básica, una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado reducida en el 45,4%.

De esos 47 millones, le corresponden casi dos a Canarias, el 4,37 %, un dinero que se destinará prioritariamente “a personas con dificultades de vivienda o para poder acceder a los alimentos”. La consejera trasladó a la ministra y “lo ha aceptado” que el año que viene se modifiquen los criterios de reparto del plan de prestaciones sociales básicas porque, en su opinión, “no se puede hacer solo en base a criterios poblacionales”.

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REACCIONES

María Jesús Montero, Consejera Bienestar Andalucía: “Este cambio de modelo es un retroceso”

La andaluza María Jesús Montero lamentó que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia anunciada ayer suponga un “retroceso” en el desarrollo de esta porque “cambia la orientación del modelo”.

José Ignacio Echániz, Consejero Sanidad C-LM: “Dejará de ser una fantasía insostenible”

José Ignacio Echániz opinó tras la reunión que, a partir de la reforma de la Ley de Dependencia, una norma que consideró necesaria, “dejará de ser una fantasía insostenible para convertirse en una prestación adecuada y con fondos”.

Josep Lluís Cleries, Consejero Bienestar Cataluña: “Se afecta a competencias autonómicas”

Josep Lluís Cleries destacó que algunas de las acciones anunciadas por el Gobierno dentro de la propuesta de mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, “afecta a las competencias de Cataluña y del resto de comunidades”.

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