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Las administraciones deben en Canarias 166 millones a los autónomos

EFE | Madrid

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado hoy que las administraciones públicas acumulan en Canarias una deuda de 166 millones con este colectivo, a la vez que incumplen los plazos para los pagos que fija la ley de morosidad.

La deuda con los autónomos canarios representa el 3,4 por ciento de lo que las administraciones adeudan a los autónomos en toda España: 4.873 millones de euros.

El estudio realizado por ATA subraya que el plan de pago a proveedores ha supuesto “un rescate” para muchos autónomos, pero denuncia que las administraciones siguen lejos de cumplir la Ley de Morosidad, por lo que “la bola puede volver a crecer demasiado y enquistarse de nuevo”.

La deuda de 4.873 millones de euros proviene, según la organización, de las cantidades acumuladas entre enero y junio, sumadas a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al plan de pago a proveedores.

Por comunidades, las que más deben a los trabajadores por cuenta propia son Cataluña (809 millones de euros), Andalucía (692) y Comunidad Valenciana (677).

En el lado opuesto, La Rioja (29 millones de euros) y Navarra (44), son las que menos deuda tienen contraída con el colectivo.

El estudio de ATA indica también que el periodo medio de cobro para pymes y autónomos por parte de las administraciones se sitúa en 161 días, una cifra lejana a las obligaciones que fijará la nueva directiva de la UE, que recoge un plazo máximo de 30 días para las administraciones, afirma la organización.

Para la administración central, ATA calcula que el periodo de pago medio se sitúa en 72 días, mientras que para las comunidades la cifra se eleva a 139 días y para los ayuntamientos a 178 días.

La Comunidad Valenciana es la que más tarda en abonar sus facturas (170 días), mientras el País Vasco (52 días), Navarra (53) y La Rioja (57) son las que menor tiempo emplean en pagar.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, “un país serio” no se puede permitir que sus administraciones públicas tarden en pagar más de cinco meses.