EFE | Redacción Canarias
Los cabildos celebran a partir de mañana el centenario de la ley que les dio carta de naturaleza, convencidos no sólo de que siguen siendo necesarios para la cohesión y el equilibrio de Canarias, sino que de están llamados a asumir poco a poco gran parte de las competencias de la comunidad autónoma.
Así lo han expresado a Efe los presidentes de los cabildos de Tenerife, Ricardo Melchior, y Gran Canaria, Jose Miguel Bravo de Laguna, en una entrevista en la que han analizado la función que unas corporaciones nacidas el 11 de julio de 1912 tienen hoy en un momento de aguda crisis, con el papel que desempeñan las distintas administraciones en España sometido a un intenso debate público.
Melchior y Bravo de Laguna representan a las dos islas en las que se concentra la gran mayoría de la población de Canarias, dos realidades cuya secular competencia también estuvo presente en las razones de creación de los cabildos, y su pensamiento se inscribe en postulados ideológicos diferentes, los que encarnan CC y PP.
Sin embargo, coinciden en algo más que en su larga trayectoria política: ambos sostienen que los cabildos contribuyen a la cohesión territorial de Canarias defendiendo los problemas singulares de cada isla y abogan por extender sus funciones más allá de su realidad actual, dejando en manos del Gobierno canario los servicios básicos de sanidad y educación.
¿Qué balance hace de estos cien años de existencia de los cabildos?
Bravo de Laguna. El balance necesariamente tiene que ser positivo desde el punto de vista del arraigo social y político. Como se dijo cuando se aprobó la ley, en 1912, no hay una realidad geográfica más contundente y clara que una isla. Mientras que en otras administraciones se pueden tener dudas sobre cuáles son los ámbitos de actuación territorial, en los cabildos está clarísimo. Y cada isla tiene sus singularidades administrativas y políticas, a las que los cabildos han ido respondiendo en estos cien años.
Ricardo Melchior. Muy positivo. Los cabildos gozan de tres elementos fundamentales que les distinguen de las diputaciones provinciales y el primero es que son elegidos directamente por el pueblo. Eso es una fortaleza. En segundo lugar, tienen competencias, al contrario que las diputaciones. Y en tercer lugar, algo importantísimo que da autonomía e independencia frente a otras administraciones públicas y es que su financiación está regulada por ley.
¿Con toda la estructura autonómica y municipal que se ha desplegado en los últimos 30 años, siguen siendo necesarios?
BL. En Canarias, lo correcto desde el punto de vista del desarrollo autonómico es que la autonomía tenga unas competencias delimitadas y que gran parte de los cometidos que en otras comunidades realiza el gobierno regional, aquí las asumen los cabildos, porque cada isla tiene una realidad distinta. Hay temas comunes, como educación y sanidad, que deben llevarse en común desde el ámbito regional, pero la inmensa mayoría de las demás competencias las pueden prestar perfectamente los cabildos.
RM. Claro, la tendencia es que incluso las diputaciones provinciales no desaparezcan, sino que se transformen en lo que hoy son los cabildos. Son el ejemplo a seguir.
A veces se reprocha a los cabildos que solo miran por los intereses de su isla. ¿Fomentan también la cohesión territorial de la comunidad autónoma?
BL. Lo hacen de una manera muy importante. Precisamente por su adaptación a la realidad de cada una de las islas, los cabildos son los que mejor contribuyen a la estabilidad política y social del archipiélago. La comunidad autónoma de Canarias se basa en un equilibrio, primero, entre las dos islas capitalinas y, segundo, entre las dos islas capitalinas y el resto. Desde ese punto de vista, los cabildos contribuyen a la estabilidad política del archipiélago de manera muy significativa.
RM. Creo que muchísimo. Cada una de las siete islas son totalmente distintas entre sí, con prioridades y necesidades diferentes, lo que no quiere decir que no seamos solidarios ni intentemos resolver las cosas en su conjunto y prueba de ello son las reuniones de la Fecai. Las islas son solidarias independientemente de su color político.
¿Cuál es el principal desafío al que se enfrentan en este momento?
BL. Adaptarse al esquema de austeridad, rigor y eficacia que se exige hoy a las administraciones públicas. Debemos ser cada vez más racionales y gastar de la manera más eficaz el dinero público. Eso es lo que justifica la propia existencia de los cabildos.
RM. El que tienen todas las administraciones públicas y responsables políticos: la generación de puestos de trabajo.
¿Qué cambios introduciría en los cabildos para mejorar su funcionamiento?
BL. El Cabildo de Gran Canaria no exige demasiados cambios. Hay otros que tienen cierta proliferación de organismos y sociedades públicas, pero el de Gran Canaria es bastante austero en ese sentido. Hay que hacer un esfuerzo de racionalidad, de disminuir la intervención de los cabildos en áreas que no les corresponde. Está claro que las administraciones públicas están para coadyuvar a la iniciativa privada, no para sustituirla.
RM. Habría que modificar la ley para dejar claro que las competencias del Gobierno de Canarias son exclusivamente las referidas a las personas: educación y sanidad, además de impuestos y relaciones exteriores. El resto debe ser competencia de los cabildos y, con ello, el Gobierno de Canarias pasaría a tener como máximo cinco consejeros, incluido su presidente. No habría competencias solapadas y el ciudadano sabría claramente quién es el responsable de un problema.
En cuanto a la financiación, por ley está asegurada en base a los impuestos del bloque del Régimen Económico y Fiscal, pero también habría que dejar claro que cualquier competencia que se traspase a los cabildos debe ir acompañada de la partida correspondiente.