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Los problemas que vienen> Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

En la reciente historia de España no se ha producido, como en estos momentos, una situación institucional, política, económica y social más preocupante. Se mire como se mire, incluso con la máxima benevolencia, la coyuntura, protagonizada por una recesión de caballo y una deuda hoy por hoy impagable, es como para echarse a temblar, sobre todo por la falta de talla de la clase política y la ausencia de unos intelectuales a la altura de las circunstancias. Hasta los cimientos democráticos rechinan ante unas actitudes y unos comportamientos de los responsables públicos que dejan mucho que desear. El diálogo y el pacto obligados -eso que llamaríamos consensos básicos- continúan en el limbo de las posibilidades cuando son más necesarios que nunca a fin de lograr la concordia nacional y tratar de salir de la crisis que nos ahoga.
Además de sentido común y realismo, lo que España necesita en estos momentos, tanto como las urgentes medidas que requiere nuestra economía y que nos demandan -o, por mejor decir, nos imponen- nuestros socios europeos, es abordar cuanto antes una reforma de arriba debajo de la arquitectura político-administrativa del Estado que reduzca su tamaño hasta racionalizarlo para que sea viable y se adapte a las nuevas circunstancias nacionales y europeas. Es un reto complicado, pero no se puede aplazar más allá de lo indispensable si no queremos que, de fallar el actual paquete de medidas que el viernes aprobó el Consejo de Ministros, se nos caiga toda la frágil estructura del Estado o se nos eche encima la alternativa de la intervención de la Unión Europea.

En el caso de las autonomías no se trata, como algunos centralistas proclaman, de una vuelta atrás con la práctica supresión o, en otro caso, el vaciado parcial de las competencias de las comunidades autónomas. No debería producirse ninguna marcha atrás, salvo el acuerdo consensuado de imponer cordura y racionalidad allí donde han primado el despilfarro, el descontrol, el amiguismo y la alegría en el crecimiento brutal del sector público. De ahí que la política de hispabonos, o deuda conjunta entre el Estado y las comunidades, se lleve a cabo mediante un estricto control de las cuentas autonómicas. Una especie de “te doy, pero te controlo para que no te desmandes”. A pesar de las apariencias, el Estado se ha revelado bastante más alegre en el gasto que las propias autonomías, como lo prueba la deuda pública conjunta de éstas: 145.000 millones de euros, frente a los 550.000 millones de la Administración central. Si las comunidades disminuyen el tamaño de su sector público, el crecimiento del funcionariado, algunos gastos no siempre justificados -embajadas, medios de comunicación públicos, subvenciones, prebendas para la clase política, empresas innecesarias, etc.- y se aprestan a descentralizar competencias vía diputaciones, cabildos y ayuntamientos, podrán prestar mejores servicios, y a un costo proporcionado, en los campos que les son propios, es decir, sanidad, educación y políticas sociales.

En todo caso, la contribución de las comunidades y las corporaciones locales a los sacrificios que exige el Gobierno resulta indispensable para asegurar el éxito de los planes de austeridad y ajuste. Tiene razón el consejero canario de Hacienda, Javier González Ortiz, cuando se queja del mal trato comparativo que recibe Canarias a la hora de recibir financiación pública y de reducir el déficit; lo que pasa es que las autoridades isleñas nunca debieron aceptar y apoyar, como hicieron en 2009 para no disgustar a Zapatero, el actual modelo financiador; ahora tenemos que apechar con las consecuencias y esperar al momento oportuno para su revisión, salvo que, por otras vías, se logren compensaciones adecuadas. Lo cual resulta bastante complicado dadas las malas relaciones entre los dos gobiernos.

Estoy de acuerdo con la supresión del anunciado 31% de concejales (en las elecciones de mayo de 2015 se pasará de 68.578 a 47.240), pero me parece más racional -como han hecho en Grecia e Italia- la fusión de pequeños ayuntamientos, la creación de mancomunidades de servicios en otros de tamaño medio y otorgar a las diputaciones provinciales y cabildos la responsabilidad de administrar las pequeñas corporaciones. Este capítulo apenas afectará al Archipiélago ya que la mayoría de municipios quedarían exentos dado su regular tamaño. Es lógico también que se ponga coto a la arbitrariedad existente en la fijación de sueldos para alcaldes y ediles y que se haga en función del número de habitantes y de la dedicación a la tarea de servicio público. A la política se debe ir no para medrar o hacerse rico, sino con afán de servir a los ciudadanos y contribuir a la mejor resolución de sus problemas. También es razonable que se otorgue mayor poder de control a los interventores municipales, que provienen de las Cortes de Cádiz y del Estatuto Municipal de 1924.

Para la sociedad española en su conjunto, pero principalmente para parados y desfavorecidos, las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno estatal en el último Consejo de Ministros pueden ser terribles, ya que algunas subidas del IVA resultan excesivas e inaceptables. Rajoy ha incumplido sus promesas electorales y no vale como justificación el que Zapatero hiciera casi lo mismo en mayo de 2010, con el primer programa de ajuste duro. El líder gallego no se ha explicado suficientemente bien para justificar tan radical cambio de su ‘hoja de ruta’. Aunque el profesor Tierno Galván dijera en su día que las promesas electorales están para no cumplirlas, la realidad es que con ello se suscitan inevitablemente desconfianzas en el cuerpo social, aunque se aduzca, con razón, que “España no tiene margen de maniobra”, como apuntó el jefe del Gobierno.

Ahora bien, el reparto de sacrificios tal y como se ha anunciado no parece el más adecuado y solidario; como siempre, serán las clases medias y bajas las que sustancialmente paguen las consecuencias del nuevo y brutal ajuste. Un impuesto sobre las grandes fortunas o los grandes perceptores de renta, y otro sobre las transacciones financieras, además de una mayor progresividad fiscal general y la persecución implacable del fraude fiscal, en lugar de la amnistía ya aprobada, habrían sido bien recibidos por una opinión pública desalentada que teme, y con razón, la reacción de la calle a partir del próximo otoño, cuando se comprueben los efectos reales de la subida del IVA y la vía pública, estimulada por los sindicatos, la izquierda y los antisistema, se convierta en una olla a presión.

El impuesto del IVA no afecta a Canarias, pero sus efectos sobre el consumo en las Islas serán, aunque atenuados en comparación con la Península y Baleares, inevitables, pues muchas de las mercancías de que nos abastecemos vendrán grabadas con el alza correspondiente. O sea, que a la subida, brutal también, del IGIC, habrá que añadir otra vuelta de tuerca más. Y si ésta es durísimamente criticada por el jefe del Gobierno canario, Paulino Rivero debería ser consecuente y aplicarse a sí mismo la descalificación que utiliza para los demás en idénticas circunstancias. Con la diferencia de que el IVA sube por imposición de la Unión Europea y el IGIC, por capricho del Ejecutivo autonómico que, sí, ahorra y ajusta, pero sólo en parte. Ahí sigue, tan campante, con la misma estructura político-administrativa y con las mismas y ruinosas empresas públicas que hace años debió suprimir. Y con algunos gastos alegres.
En cuanto a los funcionarios, siguen siendo carne de ajuste como si fueran responsables de todos los males del país. Están donde están porque ganaron unas oposiciones o porque alguien los llamó para que ocuparan un puesto oficial. Otra cosa es el personal contratado, que probablemente irá desapareciendo de las distintas administraciones públicas con arreglo a los planes en curso. Pero, en todo caso, ya está bien de cargar tantos recortes sobre las espaldas de los servidores públicos. O sobre las de los desempleados, que, con estas medidas, verán reducidas sensiblemente sus percepciones. Incluso sobre los cuidadores familiares de la Ley de Dependencia y, en general, sobre los dependientes con derecho a ayuda. Resulta inadmisible que los más débiles de la sociedad sufran con tanto rigor los efectos de la crisis mediante una fiscalidad abusiva o una penalización insolidaria.

Además, la austeridad y el ajuste por sí solos no son más que remedio para afrontar los intereses de la deuda y, quizás, con el tiempo, el pago de la deuda misma. Pero si no se incentiva la actividad económica (¿para cuándo la prometida Ley de Emprendedores que Rajoy comprometió como la primera que aprobaría de llegar al Gobierno?), si no se genera empleo, si el consumo sigue retrayéndose, si la gestión de la crisis se mantiene en dudas y contrasentidos, los potenciales beneficios del nuevo ajuste difícilmente llegarán, o lo harán en su caso a costa de un enorme retroceso en el grado de bienestar y prosperidad general del país, con pérdida de derechos, renta y poder adquisitivo.

Los sacrificios que reclama el Gobierno seguro que van a encontrar eco en la mayoría silenciosa de los ciudadanos. Pero que nadie se engañe. La banca no se puede salvar a cualquier precio. Es preciso que el dinero fresco llegue a empresas y autónomos. Y que se genere actividad económica, riqueza, que es el motor del progreso económico y social y el mejor reactivo para nuestra débil economía. Debemos ahorrar, sí, para no gastar más de lo que tenemos, pero los recortes no deben poner en jaque al consumo porque entonces vamos derechos al precipicio, ya que caerán el gasto corriente, la recaudación fiscal y las actividades productivas. Nuestra deuda externa sería pagable si el Banco Central Europeo cumpliera sus obligaciones y los mercados no siguieran penalizando a España a la hora de financiarse; a esa penalización ha contribuido la pésima política de éste y el anterior Gobierno sobre las cajas de ahorro, Bankia en particular, y el mal saneamiento del sistema financiero, además de la gigantesca especulación contra el euro, en marcha desde hace meses por la división europea sobre el futuro de la moneda única. Y claro, pagan el pato los países más débiles.

Con este panorama asistimos al mayor recorte de derechos de la democracia. En la nevera esperan una veintena más de grandes leyes para completar, durante el segundo semestre del presente año, el plan de reformas. Es una cuestión de supervivencia, nos dicen. Pero ni los mercados ni nuestros socios europeos son lo sensibles que debieran ante las amenazas que nos azotan. La solicitud de un rescate del euro como país pende de un hilo; hasta la acaba de sugerir el presidente del Bundesbank y principal ideólogo del BCE, Jens Weidmann, quien apunta que es mejor solución que el rescate financiero, con el que ya hemos hipotecado nuestra soberanía al aceptar las treinta y dos condiciones del Memorando europeo. Ojalá tenga razón el Rey cuando afirma que la española es “una sociedad madura que sabe responder con responsabilidad, solidaridad, templanza y espíritu de sacrificio cuando las circunstancias lo exigen”. De no ser así, preparémonos para lo peor, que sería una crisis social de consecuencias imprevisibles.