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Aunque en las reuniones oficiales no se constate aún oficialmente (valga la imprescindible redundancia), lo cierto es que el Estado de las autonomías, tal como fue diseñado hace treinta y cuatro años, ya no sirve. Algo habrá que inventarse. Pude hablarlo con el recientemente fallecido Gregorio Peces-Barba, uno de los padres constitucionales, hace algunos meses, con motivo de un congreso que organicé en Cádiz: él era moderadamente partidario de una reforma de la Constitución, en el título que hace referencia a las autonomías (VIII), en un sentido más bien centrípeto. Recuerdo que mantuvo un debate con la diputada socialista catalana Meritxell Batet, partidaria, lógicamente, más bien de lo contrario. Ocurre que una reforma constitucional no puede aplazarse ya mucho más, para clarificar las cosas, y para ello se hace imprescindible un consenso al menos entre los dos grandes partidos nacionales. Si las instancias europeas -y numerosa opinión pública española- creen que la culpa de buena parte del desmadre económico español reside en el gasto autonómico, y si algunas de estas comunidades han pedido ya el rescate al Estado, nos encontramos ante un problema de primera magnitud y enorme envergadura. He encontrado, tanto en el PP como en el PSOE, personas de mucho criterio que piensan que hay que reconducir a los orígenes el sistema: respetar las llamadas nacionalidades históricas, aunque con limitaciones, y aligerar las competencias de las catorce restantes. Basta de mirar hacia otro lado. Ya sé que Mariano Rajoy no ha ido tan lejos. Ni tampoco en su encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Griñán. Están, estamos, todos demasiado pendientes de la corteza de los árboles, y ello no nos deja ver los árboles y mucho menos el bosque, como para pensar en políticas de alto vuelo. Es decir, estamos todos demasiado obsesionados por la difícil coyuntura como para imaginar soluciones duraderas al lío en el que estamos metidos. La respuesta no puede venir meramente de la petición de cada autonomía al Gobierno central para que las rescate con el fondo de liquidez, dejándose una buena parcela de autogobierno en el intento; ni basta tampoco con el mero control de los dispendios y excesos que han jalonado tres décadas de marcha autonómica. Demasiado tarde. Sobre todo, cuando en Cataluña soplan cada vez con más énfasis los vientos secesionistas, y en el País Vasco las próximas elecciones pueden arrojar resultados muy poco satisfactorios para la unidad nacional. No queda sino tratar de mantener a los nacionalismos engarzados, y hasta donde sea posible satisfechos, dentro del Estado. Las autonomías asimétricas, respetando en lo posible los derechos adquiridos por las históricas, parece una solución razonable a bastante gente en los dos principales partidos, cada vez, me parece, más abocados al pacto. Comprendo que la solución pueda parecer excesivamente tajante a quienes aún no perciben hasta qué punto estamos entrando en una nueva era. Pero no es momento para medias tintas, para quedarse en meras palabras de unidad, ni para proseguir una dialéctica política que me da la impresión de que Europa ya nos exige que superemos, al menos en esta cuestión, clave para la buena marcha del Estado.