Una de las cuestiones que más ocupa, y preocupa a los teóricos de la política, es la de la incidencia del mercado en la democracia, o si se prefiere, la influencia real de la democracia en el mercado. ¿Son las instituciones económicas y financieras permeables a la democracia? ¿Debe democratizarse el mercado? ¿Se justifica en un sistema político presidido por el Estado de Derecho la existencia de instituciones u organizaciones que gozan de irresistibilidad o irrecurribilidad como, por ejemplo, las agencias de calificación? ¿Es compatible con la fragmentación y división del poder el hecho real y verificable en nuestro tiempo de la concentración del poder financiero y económico en pocas manos? El Estado abierto y plural al que aspiramos va quedando atrás mientras nos gobiernan desde esquemas de pensamiento único alejados de la ciudadanía. En este contexto, la complicidad entre los poderes, políticos y financieros, explica, por ejemplo, la inquietante condonación de los créditos con que algunas instituciones financieras obsequian al poder político. Un poder que está atado de pies y manos, sin capacidad real para diseñar una regulación justa y equilibrada que impida esa concentración del poder financiero y económico que hoy está en el epicentro de la crisis. En efecto.Un reciente estudio realizado por varios investigadores suizos, Vitali, Glattfelder y Battiston, titulado The Network of Global Corporate Control, acaba de confirmar la hipótesis de que un número reducido de empresas, en concreto 147, controlan el 40% de la economía global. En un mundo en el que operan cerca de 30 millones de operadores y agentes económicos, sólo 737, señalan estos investigadores, disponen del 80% de la red empresarial. Así las cosas, las conclusiones a que arriban estos científicos no llama la atención. Por un lado, con esta situación de concentración del poder, los riesgos sistémicos crecen exponencialmente. Y, por otro, los monopolios existentes lesionan sustancialmente a competencia en los mercados.

Para el mercado es esencial la existencia de posibilidades de elección, lo que, al menos teóricamente, garantiza un sistema de intercambios voluntarios. El problema es que el mercado no es la fuente de los derechos ni esa panacea que todo lo arregla. Es, como señala el famoso economista Amartya Sen, una institución más entre un buen puñado de ellas, importante, por supuesto, pero ni la única institución relevante ni, por supuesto, la más importante. En este contexto, hemos de tener presente la aspiración a la democracia global, que implica, entre otras cosas, la existencia de espacios mundiales de deliberación pública en los que a través de la racionalidad se puede influir para que las versiones de pensamiento único, tanto del mercado como del Estado, se abran a perspectivas más plurales y más solidarias. Promover el razonamiento público crítico es cada vez más relevante si es que de verdad queremos que las decisiones políticas y económicas sean cada vez más justas y solidarias. Es más, gracias a la emergencia de este nuevo instrumento mundial para fortalecer la democracia, algunas instituciones multilaterales del orden internacional han debido ir, poco a poco, modificando alguna de sus políticas económicas. La libertad de prensa juega un gran papel en la creación de un espacio libre. Junto a ella, las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías están propiciando un escenario para el debate en weblogs. La clave está en que los que toman las decisiones sean más partidarios del pensamiento plural, abierto y compatible. Para ello hay que democratizar el mercado y garantizar la fragmentación. Nada más y nada menos.

Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo
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