Con la prima alcanzando día-sí-día-no nuevos récords históricos, las cifras del paro desbocadas y el país instalado en la desesperanza e incendiado en la protesta, nos salta la última demostración de la preclara lealtad institucional que circula en las relaciones entre el Gobierno de España y el de Canarias. Se trata de ese chusco debate entre el ministro Soria y el consejero de Hacienda, Javier González Ortiz, a cuenta de las dificultades de la Comunidad Autónoma. Ya saben que Valencia y Murcia -dos regiones gobernadas por el PP desde hace varias legislaturas- y también Cataluña, han solicitado auxilio financiero, abriendo una suerte de carrera al revés entre las comunidades autónomas a ver quién es la última en pedir ayuda. Mientras los catalanes dan el paso al frente con el argumento irreprochable de que si hay línea de ayudas se debe utilizar, Canarias se define a sí misma con la automática salida de Paulino Rivero sacando pechito y diciendo que aquí no va a hacer falta pedir ni un duro.
No es cierto: ya afloran problemas de liquidez fruto de la dificultad para obtener financiación con la prima alcanzando alturas estratosféricas. Soria ya ha cifrado muy diligentemente en unos mil millones de euros lo que Canarias necesita para poder mantener sus pagos y servicios, hacer frente a las nóminas y no dejar tirados a los proveedores.
Quizá sea exagerado, pero me cuesta creer que Soria se haya confundido de partidas, como ha asegurado cándidamente su sucesor en la consejería, González Ortiz. Quien, por cierto, ha ofrecido un muy discreto desmentido a la afirmación de Rivero de que aquí no hay problemas de tesorería. El consejero de Hacienda ha asegurado también que no los hay, pero puntualizando que en las cuentas canarias también padecen en estos momentos las mismas “tensiones que están sufriendo todas las comunidades autónomas ante las dificultades de los mercados de prestar dinero a las administraciones públicas”. En lenguaje menos cuidado, lo que González Ortiz nos dice es que habrá que hacer mucha filigrana para no tener que adelantar el cierre del presupuesto a octubre, es decir, para dejar de hacer pagos tres meses antes de que acabe el año fiscal.
González Ortiz asegura que, en cualquier caso, el agujero (o tensión de tesorería, como usted guste llamarlo) es de menos de mil millones. Pero sea la cantidad que sea, habrá que pedírsela a alguien, digo yo, porque no creo que Rivero lleve esa calderilla encima. Y luego habrá que pagarlo.