JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La sanidad universal y gratuita dejará de estar al alcance de todos los bolsillos a partir de hoy, tras la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago farmacéutico en función de la renta, una medida con la que el Gobierno del PP pretende ahorrar 7.000 millones.
Así, desde hoy, los pensionistas deberán abonar en las farmacias -que verán reforzado hoy su personal de guardia- un 10% del valor de los fármacos, con un tope de 8 euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros anuales, y de 18 euros si superan ese límite. Mientras, los trabajadores activos seguirán pagando el 40% de las recetas si ganan menos de 18.000 euros, pero verán elevada su aportación al 50% si superan esa cantidad, y hasta el 60% si pasan de 100.000. En cambio, los parados sin prestación y los receptores de pensiones no contributivas no pagarán nada. En cuanto al resto de medidas que entran en vigor, destaca la modificación de la normativa para acabar con el turismo sanitario y los abusos de los extranjeros que pretenden beneficiarse del SNS.
Otra acción será la creación de una cartera única de prestaciones sanitarias, común para todo el territorio. “En ninguna comunidad se podrán ofrecer prestaciones que en otro territorio no se presten”, explicó el pasado miércoles tras el Consejo Interterritorial la ministra Ana Mato, que informó de una nueva “cartera secundaria” que unificará la asistencia farmacéutica y los transportes no urgentes, que deberán ser revisados. Además, se impulsarán medidas para rebajar el precio de los medicamentos y reducir el gasto farmacéutico, y se pedirá un esfuerzo a la industria “para que no haya más pastillas de las necesarias en las cajas de medicamentos”.
La ministra de Sanidad anunció además la creación de una central de compras única de medicamentos, “que ya se ha usado para las vacunas de la gripe y que nos ha permitido ahorrar seis millones de euros”. De igual modo, y aunque se hará de manera progresiva en los próximos tres meses, se pondrá también en marcha una tarjeta sanitaria única para todo el Estado, con la que además no hará falta ir al médico a renovar las recetas y el historial médico será también compartido. Por último, antes de septiembre se pondrá en marcha el Fondo de Garantía Asistencial, que solucionará los problemas de personas que viven en los límites de las regiones y evitará problemas de asistencia.
Falta de acuerdo
El Decreto que hoy entra en vigor ha sido duramente criticado por los profesionales, usuarios y sindicatos del sector, que rechazan que se haya aprobado “sin consenso” y de forma “apresurada”. En este sentido, el portavoz del Foro por la Sanidad y la Salud Pública, Arturo Borges, asegura que el copago farmacéutico perjudica “a las personas que suelen ser más propensos a enfermar y además tienen menos recursos”. “Pero también se va a ver afectado el transporte sanitario no urgente, los productos dietéticos, las prestaciones ortoprotésicas, etc, que igualmente son más usadas por colectivos como el de los pensionistas”, agrega Borges.
En la misma línea se manifiesta el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, que señala que medidas como las que empiezan a aplicarse a partir de hoy puede ser “contraproducentes”, porque “muchas personas tendrán que dejar de medicarse, lo que generará una mayor afluencia a los centros sanitarios y más coste para la sanidad”.
Igualmente crítica con la nueva normativa se muestra la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, que deja claro que “pagará más el que más enfermo está”. “Todos estos copagos pretenden tener un efecto disuasorio y nos preocupa que ello pueda tener consecuencias perniciosas para la salud”, concluye.
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Principales disposiciones del Real Decreto
Copago farmacéutico. Los jubilados tendrán que pagar el 10% del precio de los fármacos. Habrá un tope de 8 euros mensuales para las pensiones por debajo de 18.000 euros anuales, y de 18 euros al mes para los que cobran más de 18.000 euros.
Trabajadores en activo. A partir de ahora, los que ganan más de 18.000 euros al año pagarán un 50%, los que ganan menos de esta cifra, un 40%, y las rentas más altas (más de 100.000 euros anuales), un 60%. Quedan exentos los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación y los que reciben una renta de inserción.
Tarjeta sanitaria única. En un microchip insertado en la tarjeta figurará la información fiscal de cada ciudadano, que tendrá que presentarla a la hora de obtener sus recetas. El paciente presentará la tarjeta en la farmacia y ésta indicará lo debe pagar. En el chip no se grabarán datos personales, porque se vulneraría la Ley de Protección de Datos.
Cartera de servicios. Unos grupos de trabajo creados ad hoc estudian las prestaciones incluidas en la cartera básica de servicios, con la idea de crear varias categorías. Se mantienen los tratamientos de fertilidad y las operaciones de cambio de sexo.
Turismo sanitario. El Consejo Interterritorial ha traspuesto una ley del Parlamento Europeo para restringir el turismo sanitario de algunos de nuestros vecinos comunitarios.
Compras conjuntas. El Gobierno quiere impulsar el proyecto de compras a gran escala que inició el PSOE, para conseguir el mejor precio de tratamientos y productos a través de una central que realice todas las adquisiciones. Además, se quiere ahorrar unos 3.000 millones con la bajada del precio de los genéricos.
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