NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
“Ninguna persona mayor de la capital tinerfeña que estuviera recibiendo el servicio de ayuda a domicilio dejará de recibir esta prestación”, dijo ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz, que añadió que desde el Instituto Municipal de Atención Social (Imas) se garantiza la asistencia y servicio a estos ciudadanos tras la renuncia de Mararía.
De esta forma, a partir del día 1 de agosto se subvencionará el servicio a todas las personas con mayor número de factores de exclusión y vulnerabilidad social entre aquellas que actualmente reciben atención, un número que aumentará de forma progresiva, de tal modo que a finales de septiembre estén cubiertos el 100% de los usuarios que actualmente reciben esta prestación.
A la vez que el Ayuntamiento hacía este anuncio, los trabajadores de Mararía se concentraban en la tarde de ayer ante las sede de la cooperativa, acto que repetirán el próximo 31 de julio, esta vez frente a las puertas del Ayuntamiento capitalino. Fran Baute, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, acompañó a los manifestantes y recordó que “tal y como se recogen en las plicas del concurso público por el que accedió Mararía a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento está en la obligación de asumir el servicio”. Baute responsabiliza al Consistorio de la situación de los 200 trabajadores de la cooperativa y de la suerte de los 1.500 usuarios del servicio, de los que 333, “no tienen ningún familiar que se ocupe de ellos, sólo estos trabajadores, que a pesar de que se les adeudan dos nóminas, han seguido prestando la ayuda a domicilio”.
Preguntas
El secretario de la FSP de UGT puso en duda la forma de llevar a cabo el anuncio hecho por el Ayuntamiento. “Cómo lo van a hacer, si le van a dar el dinero a los usuarios para que contraten ellos; qué van a hacer con las personas que ni siquiera se pueden mover de casa y que no tienen a ningún familiar que les ayude, cómo van a garantizar que el servicio que se preste sea realizado por profesionales y con calidad”, se preguntaba Baute. Desde el Ayuntamiento, José Ángel Martín, que sustituye estos días al responsable de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha, destacó la buena predisposición de la Corporación municipal y explicó que se trabaja desde hace meses para evitar el conflicto.
Martín señaló que el IMAS propició varios encuentros entre la cooperativa Mararía y la Seguridad Social, además de los representantes de los trabajadores, con el fin de llegar al mejor acuerdo para todas las partes. el edil confirma que Mararía tiene una deuda importante con la Seguridad Social y Hacienda que ha provocado el embargo de sus cuentas y las consiguientes dificultades para el pago del salario a los trabajadores, pese a que el Ayuntamiento ha abonado todos los servicios prestados.
La acción se remonta a agosto de 2011, mes en el que el IMAS inicia un trabajo intenso con la cooperativa Mararía para mejorar la gestión. La primera actuación fue poner al día todos los pagos atrasados, de modo que a finales de diciembre Mararía había cobrado todo el trabajo y cobraba los servicios prestados mensualmente. Sin embargo para los trabajadores estas actuaciones no han sido suficientes, porque, como señala Baute, “es obligación del Consistorio comprobar que la gestión del dinero público es la correcta, no puede ahora mirar para otro lado”.
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Servicio público
Desde UGT se insiste en que se trata de un servicio público y que llevarán a cabo todas las medidas legales que sean precisas para respetar el derecho de los usuarios y de los trabajadores. Fran Baute recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz sacó a concurso público este servicio a un precio por debajo del establecido en el Convenio Nacional para estos trabajadores. “La cooperativa les paga a razón de 9,50 la hora y muchos de los trabajadores ni siquiera llegan a los 700 euros de salario mensual”. Los usuarios y trabajadores de Mararía recibieron ayer el apoyo de la formación política de XTF, considerando su portavoz, José Manuel Corrales, que la gestión de la concejalía de Asuntos Sociales ha sido poco previsora y negligente.
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