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El recordado Guimerá Peraza, que aportó las noticias más fiables de nuestros diputados doceañistas, observó -sin entrar en la revuelta harina- las agrias discusiones que precedieron a la redacción del texto de La Pepa, orientadas en su mayor parte a erradicar privilegios y antiguallas sangrantes que beneficiaban al clero y la nobleza. En todas ellas, y para defender esos anacronismos del Antiguo Régimen, participó el icodense Santiago Key Muñoz (1772-1821), de ascendencia irlandesa, para algún que otro historiador un ilustrado que devino en el absolutismo más rancio y que, naturalmente, fue premiado en las vueltas de tuerca de Fernando VII. Estudió las primeras letras con los dominicos de La Laguna y, más tarde, cursó el sacerdocio y derecho civil, respectivamente, en el seminario y la universidad de la capital hispalense. Para la historia canaria quedó como un conspicuo tinerfeño que luchó por la capitalidad provincial para la emergente Santa Cruz de Tenerife, causa que compartió con Fernando Llarena y Ruiz de Padrón. Dentro de la crónica parlamentaria fue un vocero hipotecado a un sistema de turbio pasado y negro futuro. Sus polémicas y abiertos enfrentamientos con el gomero Padrón -promotor también de la supresión de los Señoríos y de las encomiendas- sobre el tenebroso Santo Oficio fueron épicos. Por su perruna fidelidad fue premiado con el cargo de Inquisidor, muñido por el lagunero Bencomo, otro recalcitrante integrista, con gran influencia sobre el limitado Fernando VII, del que fue confesor y torpe asesor, a juzgar por los resultados de su mal gobierno y los disparates cometidos ante las inevitables independencias americanas. Algún que otro cronista le atribuyó un papel determinante en la unión de los diputados más reaccionarios y en la redacción del Manifiesto de los Persas, una proclama retrógrada para devolver el poder absoluto al pánfilo real. Por ese trabajo sucio recibió la oferta de una canonjía, en la segregada diócesis tinerfeña, que declinó, y el rectorado de la Universidad sevillana, previa una amplia purga de profesores liberales. Fue, además, catedrático titular de Historia Eclesiástica, abogado de los Reales Consejos y Examinador Sinodal del Obispado de Canarias. Si con el brioso abad de Valdeorras disputó por la Inquisición, con el inteligente canónigo Gordillo, que murió en su exilio cubano, por el pleito capitalino que, con voluntad salomónica, solucionó la democracia y el autogobierno. Murió en 1821, en vísperas de otra de las reacciones del Deseado.