sin complejos>

Se ha quedado corto> Fernando Fernández

Medio año después de la formación del nuevo gobierno, lo ocurrido durante las dos semanas últimas será determinante para el futuro, no del gobierno, sino nuestro futuro como españoles. Han sido seis meses trepidantes sin una semana de tregua y el gobierno de Rajoy no puede ser acusado de inacción.

Pero seis meses después cabe preguntarse si las cosas para España y los españoles han mejorado y la respuesta es, rotundamente, no. Con igual rotundidad digo que la responsabilidad no es de Rajoy, aunque haya cometido errores que yo mismo he comentado aquí. Esta opinión es compartida por una mayoría, que cree que la responsabilidad corresponde en mayor medida al gobierno anterior. Por eso no sorprende que en las encuestas, la caída en la intención de voto socialista sea mayor que la de los populares y el liderazgo de Rubalcaba esté seriamente cuestionado.

Hace cuatro días Rajoy anunció nuevas medidas, ratificadas en Consejo de Ministros hace 48 horas, para lograr el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, que supondría un ahorro de 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. Ese objetivo se alcanzaría si a las medidas de contención del gasto se añaden las previsiones de aumento de ingresos, vía impuestos. La magnitud de esa cifra se valora más si se compara con el ajuste fiscal de 28.000 millones de euros previsto en los presupuestos de este año, a los que hay que añadir 10.000 millones más, como consecuencia de las medidas tomadas en sanidad y educación. Cuando terminó su intervención en el Congreso, el presidente se preguntó si esas medidas servirán para algo y se respondió él mismo afirmativamente. Cree Rajoy que sí y yo digo que ojalá, por el bien de todos.

No recordaré la retahíla de medidas de la nueva política económica y presupuestaria, ampliamente difundidas, conocidas por todos y motivo de debate, polémica y protestas. Ninguna de ellas incide en el principal problema de la economía española y de España como proyecto nacional viable, que no es otro que la reconducción del gasto público de las comunidades autónomas y de la disciplina de estas para cumplir con las directrices del gobierno de la nación. Dicho de otra manera, si la estructura autonómica actual hace de España un país económicamente viable y políticamente gobernable.

Por coherencia política, reitero que soy un convencido de que la descentralización política y administrativa del estado fue una de las claves del éxito de nuestra transición de la dictadura a la democracia. Lo he dicho y escrito, incluso en un libro que publiqué hace una veintena de años. Pero el mismo Adolfo Suárez era consciente de los riesgos del estado autonómico, aunque su clarividencia no acertara en la magnitud del problema que acabaría generando. El gasto en las autonomías de todos los colorees es hoy un sumidero por el que fluye el dinero público. Y añado que esta descentralización del gasto está, en buena medida, en el origen del intolerable grado de corrupción que nos avergüenza a casi todos y nos desacredita ante nuestros socios europeos. No es sostenible la existencia de 17 parlamentos con diputados autonómicos viviendo del erario público, ni tantas instituciones como se han creado, policías y televisiones autonómicas, consejeros, asesores y toda clase de enchufados que crecen como hongos a la sombra del poder autonómico, cualquiera que sea el color del mismo. Y este problema, que en mi opinión tiene arreglo, no se soluciona con las medidas tomadas esta semana que hoy termina. Al tiempo.