NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Han pasado tres años desde que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a Ciudadanos de Santa Cruz, en su petición de que se anulara el proceso que conllevó la privatización de la Empresa de Aguas Municipales de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). La formación de la que es portavoz Guillermo Guigou en el Ayuntamiento capitalino, considera que es tiempo más que suficiente para que se corrigieran los defectos que asegura existen en el servicio de aguas y para que Sacyr, adjudicataria del contrato de aguas, invierta los 45 millones comprometidos en el pliego de condiciones. “El mal funcionamiento demostrado por Emmasa desde su privatización es motivo más que suficiente para ejecutar la sentencia”, adelantó a DIARIO DE AVISOS Guillermo Guigou.
El partido quiere que el 51% de Emmasa sea de carácter público y el resto privado”
El comité ejecutivo de Ciudadanos de Santa Cruz aprobó la semana pasada pedir formalmente la ejecución de la sentencia y en la tarde de ayer ratificó el texto que se presentará “en los próximos días” tanto al Ayuntamiento como al TSJC para que se dé cumplimiento de la sentencia.
El fallo dictado por el TSJC supone, según el impulsor del recurso, Ángel Isidro Guimerá, que todo lo que se realizó después del pleno que aprobó la privatización -concurso público y adjudicación- es nulo de pleno derecho y por tanto, “el proceso debe retrotraerse al momento en el que se aprobó el cambio de gestión y repetirse de nuevo el debate”. Como reconoce Guimerá, el resultado del pleno puede ser el mismo pero, “con la ejecución de la sentencia se velará por que la nueva adjudicación, de producirse, sea en beneficio de los santacruceros y no de los intereses de terceros”. Desde Ciudadanos se va a proponer que un sector estratégico como el del agua vuelva a lo público “al menos en el 51% y que el 49% restante sea asumido por empresarios de la Isla”, explica Guigou.
Consecuencias
La aplicación de esta sentencia puede suponer para el Ayuntamiento de Santa Cruz un fuerte varapalo económico derivado de la devolución del canon depositado por Sacyr por la prestación del servicio (71 millones de euros), y la más que probable denuncia por lucro cesante, lo que podría poner el montante de la indemnización en más de 100 millones de euros.
Según Ángel Isidro Guimerá, esto no tiene por qué ser necesariamente así porque “si finalmente se sacara un nuevo concurso, el dinero que se ingresara por la adjudicación serviría para hacer el pago de la indemnización”. La otra opción, es que el Consistorio reclame el contrato por incumplimiento, al no haber invertido Sacyr los 45 millones comprometidos. Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, de sacarse un nuevo concurso podría estarse hablando de casi dos años de tramitación, tiempo en el que sería improbable que Sacyr no devolviera el contrato y pidiera daños y perjuicios, teniendo entonces que el Ayuntamiento asumir a los empleados de Emmasa, con el coste que eso supondría.
El secretario del Ayuntamiento emitió en su día un informe por el que se consideraba cumplida la sentencia al sacar a información pública la memoria del proyecto (la falta de este paso es el que fundamentó el fallo del TSJC). Según el Consistorio, con esta medida no sería necesario retrotraer el proceso al pleno. El Ayuntamiento recurrió al Supremo esta decisión, recurso que, según Guimerá, “no afecta a la petición de que se ejecute la sentencia”.
[apunte]Empresa
Desde la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) no se han querido pronunciar sobre la repercusión que la ejecución de la sentencia tendrá sobre la entidad. “No fuimos sujetos del recurso en su día y tampoco lo somos ahora. En todo caso somos objeto de la sentencia y la solicitud de que se cumpla forma parte del legítimo derecho de quienes se encuentran en poder de ella”. Desde la empresa se añade que “la decisión última la tiene el juez y mientras tanto nosotros seguiremos intentando que el servicio del agua sea más eficaz cada día y no entramos a valorar una posición u otra”. La empresa Sacyr comenzó a desarrollar la gestión del agua de Santa Cruz en 2006, después de resultar adjudicataria del concurso. En el pliego de condiciones, la empresa se comprometió a invertir en la ciudad 45 millones de euros, inversión que no se ha hecho efectiva y que en los últimos meses ha sido reclamada desde el Consistorio.[/apunte]