En los tiempos que corren, de profunda crisis y desasosiego general, cuando no de indignación, encontrarse con ejemplos de buena administración resulta reconfortante. Por un lado porque los casos de buenas prácticas administrativas son hoy más que nunca necesarios. Y, por otro, porque seguramente hay muchos más casos de buena gestión que el que vamos a tratar en el artículo de hoy, conocido al hilo de varias referencias de prensa publicadas no hace muchos días.
Desde que existe Administración pública se habla de buena administración. Por una razón fundamental, porque desde el principio de los tiempos hubo necesidad de administrar los asuntos de todos, los asuntos comunes, y desde entonces hasta hoy la reforma administrativa ha sido, es y sigue siendo un asunto de palpitante y rabiosa actualidad. Desde que conocemos la existencia de la Administración pública se habló de la necesidad de reformarla. Hoy, desde luego, a partir del colosal e ineficaz aparato público del que disponemos, la reforma es tan urgente como inédita. En plena crisis económica y financiera, sin capacidad real para hacer frente en no mucho tiempo a nuestros compromisos financieros, se requiere otra forma de administrar. Y lo que es más relevante, se necesita otro modelo de Administración, más pendiente de los problemas reales de naturaleza colectiva de los ciudadanos. Por eso, cuando nos encontramos ante ejemplos de buena administración, la confianza en que las cosas se pueden hacer de otra manera crece enteros.
Hoy me voy a referir, brevemente por supuesto, al caso de un municipio de la Comunidad de Valencia, Catarroja. En este ayuntamiento de unos 30.000 habitantes se aprobó en 2010 un programa de buena administración denominado Plan de impulso a la competitividad y ahorro en sociedad que, a día de hoy, ha conseguido ahorrar 2 millones de euros con iniciativas de simplificación administrativa y de reducción de trámites innecesarios. Tal resultado da idea de lo que podrían hacer ayuntamientos y comunidades autónomas en el marco de planes similares de buena administración.
Pues bien, según parece, de los 150 servicios que ofrece el municipio que implican procedimientos administrativos, en 45 de ellos se ha eliminado el papel y ahora se gestionan electrónicamente. Y, para mí lo más importante, las autoridades de este ayuntamiento valenciano han decidido poner la administración de verdad al servicio del ciudadano. Para ello, han entendido en sus justos términos el principio de servicio al vecino y se han lanzado a evitar trámites innecesarios y peregrinajes administrativos. Por ejemplo, el tan conocido derecho del ciudadano, que está en la legislación administrativa reconocido, a que no se le pidan documentos que ya obren en poder de la administración, se ha hecho realidad en esta localidad. En efecto, ahora los ciudadanos que quieran constituir empresas ya no han de desplazarse a otras administraciones, autonomía o estado según los casos, por la sencilla razón de que es la propia Corporación la que accede directamente a hacienda, al catastro, al ministerio de educación o a la seguridad social. De esta forma se ahorran muchísimos trámites a los ciudadanos y, por fin, se aplica un precepto que está en vigor desde hace muchos años y que no se hacía efectivo por la insensibilidad de muchos políticos, que han seguido considerando a los ciudadanos como súbditos y no como lo que son, los soberanos a quienes hay que facilitar condiciones de vida dignas.
Según los datos del propio Ayuntamiento, el ahorro que este programa ha alcanzado ya está próximo al 80%, lo que nos enseña que es posible reducir las cargas administrativas y facilitar la vida a los ciudadanos si hay voluntad política y, sobre todo, si se sabe, y se asume, para qué se está en política. Algo que en muchas Administraciones autonómicas, no en todas, no está nada claro. No hay más que ver la espesa y densa selva administrativa que las inunda, un engranaje burocrático que les impide ver la realidad, que les impide ver los problemas colectivos de los habitantes.
En fin, estamos ante un ejemplo que demuestra que para hacer una reforma administrativa inteligente ni hace falta mucho dinero, ni contratar millonarias consultoras, ni disponer de legiones de “expertos”. Lo que hace falta es sentido común, pensar en los ciudadanos todos los días, en cómo facilitarles la vida, en cómo mejorar sus condiciones de vida. Catarroja demuestra con hechos que es posible reducir un 25% el presupuesto municipal en pocos años. ¿El secreto? Que los gobernantes empiecen a pensar en lo verdaderamente importante. Hoy precisamos muchos ediles y dirigentes con este perfil.
*Catedrático de derecho administrativo
jra@udc.es