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Canarias no es Cataluña

Consejo de Política Fiscal y Financiera
Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representadas las comunidades. / EFE

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La campanilla que ha tocado la Generalitat de Cataluña para solicitar 5.023 millones de euros de los 18.000 del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha sonado como una alarma en el resto de las comunidades autónomas por un eventual contagio. Lo que más preocupa es el efecto pernicioso de esa línea de crédito sobre el autogobierno como consecuencia de las contrapartidas que acarrea el préstamo.

Tras un verano especialmente caliente, tanto por las elevadas temperaturas como por los incendios forestales, el otoño trae una ola de calor política y económica. El panorama es tan delicado desde el punto de vista financiero que el Gobierno de la nación ya tiene preparadas las manoplas para sacarles las castañas del fuego a las comunidades autónomas, que en su conjunto afrontan este año vencimientos de deuda por valor de 35.782 millones de euros (hace seis años eran 5.000 millones). De esa cantidad, a Canarias le vencen, según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, 522 millones entre octubre y diciembre.

En este escenario, el Ejecutivo regional agota todas las opciones antes de verse obligado a recurrir al bote (al que la entidad Loterías del Estado contribuye con 6.000 millones). Fuentes de la consejería de Javier González Ortiz señalan que la decisión dependerá de cuál sea la oferta más ventajosa para Canarias y recalcan que en ningún caso hay que hablar de rescate. Esta es una palabra tabú ante la que se conjuran por igual en el centro administrativo de España y en la periferia autonómica.

Al margen de otras consideraciones, es un hecho que Canarias destaca como una las regiones más cumplidoras con los objetivos que marca el Ministerio de Hacienda. No en vano, es la tercera comunidad con menos deuda acumulada (3.718 millones, el 8,8% del producto interior bruto), por detrás del País Vasco (5.536, 8,1%) y de Madrid (15.447, 7,9% del PIB). En el otro lado de la tabla, Cataluña registra 41.778 millones (el 20,7%).

Significativamente, la cantidad que ha pedido la Generalitat al FLA supera en unos 1.300 millones la deuda pública contraída por el Archipiélago. Habida cuenta de que la frialdad de los números no calma la fiebre financiera, los expertos recomiendan sumar para no restar posibilidades.

Aun sin haberse activado el mecanismo, Cataluña, Comunidad Valenciana (3.000 millones) y Murcia (alrededor de 300) ya han reservado casi 9.000 millones del fondo, la mitad. El tiempo límite para reclamar la ayuda es el 31 de diciembre. Tal vez para entonces habría que ampliar la caja común.

La deuda de las administraciones públicas españolas se incrementó el 13,2% en el primer trimestre del 2012, hasta colocarse en los 774.549 millones de euros. Las cifras difundidas el 15 de junio por el Banco de España representan el 72,1% del PIB, frente al 64,7% del mismo periodo de 2011.

Con el voto contrario de Asturias y Canarias, junto a la ausencia de Cataluña y Andalucía, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó en julio un objetivo de deuda sobre el PIB nacional para las comunidades autónomas del 15,1% en 2012 y del 16% en 2013.

Posteriormente, a principios de agosto, el Consejo de Gobierno de Canarias fijó el techo presupuestario de 2013 en 5.769 millones, “después de aplicar las restricciones impuestas en déficit y deuda”. Eso supone que el máximo de gasto no financiero queda establecido en 5.769 millones de euros. A esta Comunidad Autónoma se le ha asignado un tope de deuda del 12% del PIB para 2013, lo que se traducirá en un recorte adicional de 120 millones en el presupuesto.

Camino por andar

“Nosotros tenemos capacidad para acudir a créditos de 600 millones”, declaró el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, el 6 de agosto. “Alguna parte la hemos captado en el mercado financiero y para el resto iremos a la entidad u organismo que nos ofrezca las mejores condiciones para los créditos”.

En esta fase previa, CC y el PSOE se han sacudido las presiones del PP. Los socios de la coalición gubernamental han venido insistiendo en que las prisas son malas consejeras. Sin embargo, han terminado por admitir que el fondo de liquidez es un recurso interesante “siempre que no implique una tutela”.

No se excluye esa vía, pero todavía queda camino por andar.

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El Fondo de Liquidez Autonómica

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, facilita que las comunidades autónomas y corporaciones locales accedan a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. A tal fin, se crea un mecanismo temporal y voluntario que permita obtener recursos para financiar el endeudamiento autorizado por la normativa de estabilidad. De conformidad con el real decreto ley 21/2012, de 13 de julio, la Administración que utilice este instrumento deberá realizar modificaciones en su plan de ajuste para “garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos”.

El responsable del Fondo de Liquidez Autonómica es el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Como todo los préstamos, el FLA conlleva unas condiciones. La principal de ellas es que la Administración solicitante deberá explicar mensualmente su estado de tesorería y el nivel de cumplimiento de su presupuesto. Se entiende que una Comunidad Autónoma, en este caso, está rescatada cuando el prestamista controla sus cuentas. Y eso solo ocurrirá si no se aplica el objetivo de déficit público.

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