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Canarias recurrirá el mecanismo de intervención de las autonomías

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. | EFE

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias está estudiando recurrir el mecanismo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de intervención de las comunidades autónomas que no cumplan con el objetivo del déficit público. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha transmitido a este periódico que se ha abierto un proceso de conversaciones con la Administración general en relación a este asunto.

“Creemos que no puede ponerse en marcha ese instrumento por una mera instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, explica Ríos. En todo caso, precisa, “es una herramienta que existe en otros ordenamientos jurídicos para cuando las comunidades autónomas no cumplan con sus deberes”. Sin embargo, puntualiza, “no hay ninguna Comunidad Autónoma que quiera incumplir sus deberes”.

Ríos arguye que, con un gasto público menor que el de las comunidades autónomas, “el Estado tiene prácticamente tres cuartas partes del déficit” que le permite la Unión Europea. “Nos está poniendo en una posición muy difícil, porque no solo me está imponiendo recortes; sino que, para garantizar los servicios esenciales, se me hace necesario acudir al déficit y me está limitando por una segunda vía poder acudir al límite”.

El artículo 155 de la Constitución proclama que, “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones [que la Carta Magna u otras leyes le impongan] o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El 135 dispone que todas las administraciones públicas “adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. La Constitución también dice que no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE para sus estados miembros.

El 1 de mayo entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que será la norma que examine los planes de déficit de las comunidades autónomas.

Entre las medidas de persuasión en manos del Gobierno se encuentra la disolución de una corporación municipal.

Una disposición adicional regula el principio de responsabilidad por incumplimiento de normas del derecho comunitario; de manera que, si el reino de España es sancionado, cada Administración asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades que le correspondan.

Para evitar la caída de una Comunidad Autónoma, se crea un resorte de apoyo a la liquidez. El acceso a este fondo, dotado con 18.000 millones de euros, estará supeditado a la presentación de un plan que garantice el acatamiento de la estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y ajustes extraordinarios.