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Canarias retomará después del verano la reforma local

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Imagen de archivo de una reunión entre representantes del Gobierno de Canarias y de la Fecam. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La reforma de la Administración local está en el aire, como casi todas las iniciativas que está adoptando Mariano Rajoy. En esta ocasión, han sido los propios alcaldes del Partido Popular los que han forzado a retrasar la aprobación del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad. Esta indefinición frena en seco el proceso para el diseño del modelo que se quiere aplicar en Canarias.

Los contactos entre los agentes del Archipiélago (Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos) se retomarán tras el verano.

A la falta de consenso se une la queja ante la ausencia de transparencia. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y, por extensión, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) no han escatimado críticas al intento de poner coto a las competencias de las corporaciones locales. En este sentido, la opinión del alcalde de Santander y presidente de la Femp, Íñigo de la Serna (PP), es bastante similar a la de los regidores del PSOE. La mayoría coincide en censurar el “intervencionismo” y la “tutela”.

En la misma línea, el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, asevera que el documento no contiene soluciones al gran problema: la financiación. El consenso es la piedra filosofal. “Sin diálogo difícilmente podremos encajar las piezas”, apunta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.

En este confuso escenario, el Ejecutivo canario reclama un entendimiento a todos los niveles: entre la Administración general y las comunidades y entre estas y las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos).

Ríos recuerda que en Canarias se ha creado un comité encargado de diseñar un esquema con el principal objetivo de evitar las duplicidades en la gestión. “Pero sin conocer los términos exactos de la modificación que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy no podemos avanzar”, apostilla.

El anteproyecto en cuestión cambia la legislación básica municipal con la finalidad de que las entidades locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, e impedir que gasten más de lo que ingresan. Con ese propósito, se actualizan las competencias de tal manera que se atribuyen “con precisión” las que deben ser desarrolladas por los ayuntamientos y diferenciarlas de las nacionales o regionales. Además, se propone suprimir las 3.725 entidades locales menores y las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada. En este último caso, las competencias serán ejercidas por las diputaciones provinciales, que se refuerzan.

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CC pide que se suprima la Delegación

Coalición Canaria, a través de su secretario general, José Miguel Barragán, recomendó ayer al Partido Popular que, antes de insistir en recortes que saben que no producen el ahorro necesario o que solo tienen como último fin eliminar el Estado de las autonomías, “elimine las delegaciones, subdelegaciones y oficinas en comunidades autónomas y provincias, lo que sí supondría un ahorro efectivo”.

José Miguel Barragán aseguró que esta representación del Gobierno de la nación está vacía de contenido y que lo único que supone es un “gasto innecesario para las arcas públicas”.

El secretario general instó a la Administración general del Estado a que distribuya los funcionarios en los lugares que considere competentes y elimine este tipo de representación cuya asignación presupuestaria es bastante más alta que la de otros estamentos que el PP propone suprimir en Canarias. “Ese sí sería un ahorro efectivo y, además, supondría la eliminación de uno de los vestigios del estado centralista”, manifestó.

Barragán argumentó que Canarias llevaba 2.400 millones de euros ahorrados antes del ajuste de 800 millones que le exigió el Gobierno del PP en los presupuestos de este año.

“Ahora, siguen estrangulando a las comunidades que cumplen y aún piden un ajuste mayor”, remachó.

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