DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Colegio de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas y el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno canario de ejecutar el decreto estatal que dejará sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares.

Ambos colegios profesionales consideran que restringir el derecho a la salud de las personas por su origen o su situación administrativa viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los trabajadores sociales recordaron que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Canarias obligan a las instituciones públicas a garantizar los derechos de las personas sin discriminación alguna.

Los dos colegios aseguraron que excluir a unos ciudadanos de las prestaciones porque se han quedado en situación irregular desde el punto de vista administrativo supone una violación de las leyes que obligan a defender la igualdad. Tanto el Gobierno español como el Ejecutivo regional deberían tener en cuenta que muchos ciudadanos extranjeros se quedan en situación irregular debido a la crisis económica, después de haber estado contribuyendo con sus impuestos y sus cuotas a la Seguridad Social al bienestar colectivo.