JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Tenerife sigue siendo una isla poco accesible para los colectivos con discapacidad funcional. A las barreras naturales y arquitectónicas con las que cuentan los municipios, hay que añadirle la falta de respeto y solidaridad de muchos hacia estas personas.
Y es que, según denuncian desde la Plataforma Tenerife Discapacidad y algunos usuarios, en las últimas semanas ha aumentado el número de conductores que usan ilegalmente las plazas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en los hospitales y centros de salud de la Isla. A ello se suma, según recalcan desde la citada plataforma, la “alarmante falta de plazas” destinadas al colectivo, especialmente en los centros de salud del área metropolitana y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc).
En el Hospital Universitario de Canarias (HUC) la situación todavía es más compleja, ya que la empresa concesionaria del nuevo parking no tiene capacidad para sancionar a los infractores, y la Policía Local no puede retirar los vehículos del interior de la instalación si no existe un requerimiento previo de la propia empresa concesionaria.
“Hay días que es imposible dejar el vehículo en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida”. “Va por zonas, pero precisamente cerca de centros de salud o en el casco urbano de la ciudad, no se respetan”, relata Raúl Cordero, portavoz de la Plataforma Tenerife Discapacidad. “Lo único que podemos hacer es avisar a la policía, pero entre que vienen y no, si vas con el tiempo algo justo para ir al médico, es mejor aparcar en otro lugar”, recalca.
Desde la Coordinadora de Personas con Discapacidad van más allá y dejan claro que “lo peor está dentro de nuestro propio entorno, porque mucha gente hace uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento”. “Es una situación complicada de solucionar, ya que estos permisos también los pueden solicitar los familiares de personas con movilidad reducida, quienes solo pueden hacer uso de las plazas reservadas cuando los afectados viajen en el vehículo y, en la mayoría de las ocasiones, no es así”, denotan desde la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad. Para Sinpromi, la mayor parte de los ciudadanos “sí” respeta la normativa, “gracias, principalmente, a que la policía ha incrementado la vigilancia”.
Los abusos de este tipo, en cualquier caso, no son nuevos, ya que las asociaciones de discapacitados denuncian periódicamente la “escasa conciencia” de muchas personas hacia el colectivo, especialmente en el área metropolitana y los centros comerciales de la Isla. De hecho, Sinpromi, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias pusieron en marcha el pasado mes de marzo la campaña Ponte en mi lugar, no en mi sitio, que pretendía concienciar a la población sobre la necesidad de hacer una ciudad más accesible y respetar los sitios habilitados para las personas con limitación funcional.
Durante la campaña, que se desarrolló del 14 al 16 de marzo en diversas zonas del centro de Santa Cruz, un grupo de voluntarios distribuyeron cerca de 4.000 tarjetas informativas en zonas de aparcamiento reservado y entre los vehículos y transeúntes, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de respetar las actuaciones y espacios destinados a personas con movilidad reducida.