DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno canario ya no oculta que tal vez acuda al fondo de liquidez autonómica para aliviar las tensiones de financiación. En la Consejería de Hacienda, que dirige Javier González Ortiz, están a la espera de conocer las condiciones del préstamo para decidir si el Ejecutivo de Paulino Rivero pide finalmente una parte de los 18.000 millones de euros con los que está dotado el bote.
“No hemos dicho ni que sí ni que no”, recalcaron ayer fuentes de ese departamento. “El Estado no ha ofrecido todavía la información sobre las condiciones del fondo. De hecho, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera [del martes] no se aportaron datos tan vitales como el tipo de interés y los años de amortización”.
Primero, insistieron, “tendremos que analizar las condiciones y también dependerá de la evolución de los mercados”.
Desde la consejería puntualizaron que se trata de una línea de crédito gestionada por el ICO similar a la que se acogieron las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el pago a los proveedores. “No es un rescate”, apostillaron. “Tampoco se produciría una intervención”, añadieron las fuentes. “A raíz de lo que pasó en Valencia [una de las comunidades junto a Murcia y Cataluña que ya han dado el paso], se ha montado una confusión que adultera la realidad”.
La intervención de las cuentas de una región se deriva, explicaron, de un incumplimiento del objetivo de déficit. “Si te pasas, te amonestan y te marcan un plazo para que corrijas el desvío. En una siguiente fase, debes depositar una cantidad equivalente a un tanto por ciento del PIB y si persistes te multan. Si después de todo no se arregla el problema, entonces vendrían los hombres de negro”.
Lo cierto es que tras muchos desmentidos tajantes, el Gobierno autonómico matizó la semana pasada su rotunda negativa a solicitar dinero. Las comunidades autónomas afrontan unos vencimientos de deuda de alrededor de 15.666 millones. De un total de 3.700 millones, a Canarias le vencen 522 millones de euros entre octubre y diciembre.
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé que las comunidades autónomas y corporaciones locales puedan acceder a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. Para ello, se crea un mecanismo temporal y voluntario que permita obtener recursos para financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad. Según el real decreto ley 21/2012, de 13 de julio, la Administración que utilice este instrumento deberá realizar modificaciones en su plan de ajuste para “garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos”.