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El Gobierno pretende quedarse en 2015 sin inmuebles en alquiler

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias espera desprenderse de todos los inmuebles actualmente en alquiler al concluir la presente legislatura, en 2015. Ese es el reto personal del director general de Patrimonio y Contrataciones, Abel Morales, que gestiona una rigurosa contención del gasto corriente desde el anterior mandato. Conforme al plan establecido, entre 2011 y final de 2012 habrá 10 millones de ahorro por este concepto.

Morales explicó ayer a este periódico que en 2009 se gastaron 23 millones y que en 2011 fue de 18,6. La previsión es dejarlo en 13 millones, lo que representa un ahorro del 56,5% en alquileres.

Una gran parte de estos alquileres corresponde a sedes judiciales, con un presupuesto global de 5 millones de euros. “Al inconveniente de la dispersión añadimos el coste que ello implica para las arcas públicas”, comentó el alto cargo de la Consejería de Economía y Hacienda. En este sentido, la ocupación del nuevo Palacio de Justicia de La Laguna y la reubicación de las sedes de Las Palmas de Gran Canaria conllevarán un ahorro de 2,7 millones de euros en el próximo año.

Según los cálculos efectuados por la Dirección General de Patrimonio, de aquí a 2015 se dejarán de pagar por el alquiler de inmuebles unos cinco millones de euros al año. Morales es consciente de que, una vez resuelto este engorro habrá de afrontar un problema derivado: el de distribuir al personal desalojado. “Casi todos los edificios en propiedad los tenemos al completo”, resaltó. En cualquier caso, ya se están buscando fórmulas para encontrar una salida.

En el ámbito nacional, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha conseguido un ahorro de 17,5 millones en los seis primeros meses de aplicación de su iniciativa para racionalizar el uso de los inmuebles del patrimonio del Estado.

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Venta de más de 70 vehículos oficiales

La Dirección General de Patrimonio y Contrataciones sacará a la venta en el último trimestre del año una bolsa de entre 70 y 80 vehículos. Al tratarse de unidades de baja gama, las expectativas de ingresos económicos no son muy elevadas. En esta primera tanda, son vehículos a los que se les está dando muy poco uso. “Lo que nos interesa es ahorrar en los costes de mantenimiento”, precisa Abel Morales. El director general también aclara que los coches oficiales únicamente son el 10% de la flota. “El catálogo abarca desde los vehículos policiales hasta los de jardinería”, detalla Morales.

La idea es crear un parque móvil de todo el Gobierno, de tal forma que haya un servicio de vehículos por edificio. Hace un año se puso en marcha un sistema de coche compartido de traslado entre el aeropuerto y la sede del organismo público correspondiente público. Ahora se trabaja para hacerlo en el sentido inverso. “El experimento ha sido un éxito”, destaca. “Con este método, un monovolumen recoge al personal, incluidos los altos cargos, y los lleva al centro de trabajo. Esperemos que el recorrido sea pronto de ida y vuelta. No solo es fundamental el ahorro de la gasolina, sino que eso nos permite reducir el número de vehículos”. Abel Morales entiende que hay que “cambiar la filosofía para ir aún más lejos”.

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