DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El Partido Popular apremió ayer al Gobierno de Canarias a que acuda al fondo de liquidez autonómica para “hacer frente a una realidad que no reconoce”. Así se expresó el secretario general del PP regional, Asier Antona. “No se han dado cuenta de la situación económica, financiera y de drama social en la que estamos”, manifestó en alusión a CC y al PSOE.
En opinión de Antona, el Ejecutivo de Paulino Rivero se dedica a levantar “cortinas de humo” para distraer la atención del verdadero problema. “Pierde el tiempo con recursos al Tribunal Constitucional”, aseveró el diputado autonómico.
Por ello, el PP emplaza al Gobierno canario a que asuma su responsabilidad, que “no es otra que la reducción de la deuda y del déficit público”. Al respecto, Asier Antona planteó el cumplimiento de las obligaciones y compromisos “cuanto antes mejor” para que “cuestiones que son acuciantes” no se dilaten en el tiempo. Uno de los asuntos que, a juicio del PP, debería resolver ya es el referente al fondo de 18.000 millones que el Gobierno de la nación pone a disposición de las comunidades autónomas con dificultades de liquidez. “Queremos saber si Canarias se va a acoger a ese mecanismo de ayuda”, resaltó Antona. “El consejero [de Economía y Hacienda] Javier González Ortiz ha de tener claro que, antes del 31 de diciembre de 2012, la Comunidad Autónoma debe pagar al Gobierno de España en diferentes conceptos en torno a 1.400 millones de euros, cantidad de la que 555 millones son de vencimiento de deuda”. Por lo tanto, animó al Gabinete bicolor a analizar si hay liquidez para hacer frente a la deuda adquirida. “Si es que sí, estupendo. De lo contrario, habrá que apechugar. Como todo en la vida, cuando uno pide dinero prestado, contrae unas condiciones”. La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, facilita que las comunidades autónomas y corporaciones locales accedan a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. A tal fin, se crea un mecanismo temporal y voluntario que permita obtener recursos para financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad. De conformidad con el real decreto ley 21/2012, de 13 de julio, la Administración que utilice este instrumento deberá realizar modificaciones en su plan de ajuste para “garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos”.
En este escenario, y acompasado por las presiones del PP, el Gobierno de Canarias ha evolucionado del no rotundo al quizá. Primero fue el portavoz, Martín Marrero, que en una rueda de prensa alertó de que el efecto contagio podría “arrastrar” a esta Comunidad Autónoma. Una semana siguiente, fuentes de la Consejería Consejería de Hacienda revelaron que se estaba a la espera de conocer datos tan vitales como el “tipo de interés y los años de amortización”. Eso sí, puntualizaron que se trata de una línea de crédito gestionada por el ICO similar a la que se acogieron las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el pago a los proveedores. “No es un rescate”, precisaron.
Informe de expertos
En otro sentido, Asier Antona urgió al Ejecutivo a que presente el segundo informe elaborado por el Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, después de que se hayan “agotado todos los plazos”.
El número dos del PP canario recordó que el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, “garantizó en sede parlamentaria que el segundo informe se entregaría en julio, con un retraso de varios meses”. Sin embargo, remachó, “se va de vacaciones sin hacer la tarea”.