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“El PP ha intentado apoderarse del proyecto de muelle deportivo”

El responsable regional de Puertos tampoco tuvo reparos en criticar la actitud de los populares. | DA

LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz

Tras las polémicas declaraciones del líder del Partido Popular (PP) de Tenerife, Manuel Domínguez, en las que aseguraba que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, había “engañado a los ciudadanos del Norte de la Isla” con un proyecto de puerto deportivo y pesquero portuense mucho menor que el proyectado originalmente, la réplica del Ejecutivo canario no se ha hecho esperar.

El director de Puertos, Juan José Martínez, lo tiene claro: “El PP ha intentado apoderarse de un proyecto y utilizarlo como bandera para hacer oposición, y es más, si es cierta esa privilegiada interlocución de la que presume Manuel Domínguez, no entiendo por qué no se ha traducido en una gestión que favorezca el avance del muelle”.

Después de aprobarse un aumento en la superficie terrestre del futuro muelle en un 16%, el responsable regional invita al PP a “sumarse y alegrarse por los pasos que se están dando en lugar de crear un clima de negatividad que no beneficia a los ciudadanos ni a los futuros inversores”. Además, no entiende cómo puede tener información fiable y de primera mano sobre el proyecto antes del legítimo receptor de la información, que es el Gobierno de Canarias. “Si tiene tan buena interlocución en Madrid, debería hacerla efectiva y que el veto político no se imponga a las consideraciones técnicas del proyecto; desde las instituciones gobernadas por el PP no hemos contado con ninguna colaboración.”, acusa directamente Martínez.

En esta línea, aclara que la futura infraestructura portuaria ha sido impulsada por el Ejecutivo regional, Cabildo y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Dada la lentitud y los requisitos que exige un proyecto de estas características, el director de Puertos apunta que las negociaciones y las reuniones en Madrid con Costas “siguen siendo bastante frecuentes”.

Ahora, falta superar las trabas que el ente estatal ha presentado en relación a los usos comerciales en la superficie de tierra. “Hay un acuerdo para dar el visto bueno a estos usos y solo falta la confirmación formal del Estado para proceder”, apostilla.