NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular de Santa Cruz insiste en que la opción elegida por el Ayuntamiento capitalino de aprobar el Plan General de Ordenación (PGO) de forma parcial dejando áreas en suspensión, deja a la ciudad “en una gran inseguridad jurídica” porque “no se ha justificado de ninguna forma la suspensión y porque el Ayuntamiento no tiene potestad para llevar a cabo ese trámite”. Para la concejal del PP, Ana Zurita, el principal problema para sacar adelante el PGO está en el equipo de gobierno municipal.

-El PP sostiene que el Ayuntamiento ha introducido inseguridad jurídica en el PGO con la suspensión de áreas, ¿por qué?

“Porque ha llevado a cabo un suspenso irregular y en realidad no está suspendiendo áreas. Lo preocupante e irresponsable por parte del equipo de gobierno es que se ha vendido como que esas áreas se van a suspender, cuando lo que están pidiendo es nueva información sobre zonas que ya tienen todas las bendiciones de la Cotmac. Esto provoca a nuestro juicio una gran inseguridad jurídica porque esos propietarios no saben exactamente en qué condiciones va a quedar su suelo cuando ya tenían unos derechos adquiridos a raíz de la última aprobación del Plan General”.

-¿De qué áreas estaríamos hablando?

“De zonas como Montaña Fumero, Costa Cardón, Ifara y dos áreas del Pilar, áreas sobre las que ya la Cotmac había informado favorablemente y que ahora es el Ayuntamiento el que propone volver a dejarlas en suspenso”.

-El Consistorio aludió a que la suspensión de éstas zonas se hacía para evitar los recelos que habían despertado, como por ejemplo el frente de Las Teresitas…

“Lo que se hizo en el último pleno es un paripé, un engaño absoluto a los ciudadanos porque incluso el frente de Las Teresitas, había quedado completamente vacío de contenidos en el plan, remitiéndose su desarrollo a un Plan Especial, en el que se tendría que incorporar el resultado de los procesos judiciales en marcha. El resto de áreas ni siquiera estaban dentro de los 45 reparos que había impuesto la Cotmac. Por eso, creemos que el que se intente proponer ahora que esas zonas queden fuera o se les cambie el aprovechamiento, es un tema que puede rayar la ilegalidad y que va en contra de la aprobación provisional del plan”.

-¿Por qué va en contra de la aprobación inicial?

“Cuando el PGO se aprobó provisionalmente en el 2011, ya contenía unos acuerdos, y las clasificaciones de suelo que iban en esa aprobación se supone que no se pueden cambiar a no ser que el documento pase otro periodo de exposición pública, lo que significaría retrotraer la aprobación provisional y ahí sí podríamos estar ante un problema de caducidad. Lo que se ha remitido a la Cotmac es la caja del Plan General, con los 45 reparos corregidos, el resto es humo, acuerdos que el pleno ha tomado pero que abordan cuestiones que no son de su competencia y que en realidad enturbian la legalidad del documento”.

-El Ayuntamiento asegura que se aprueba parcialmente porque es la única forma de solucionar problemas como el fuera de ordenación, ganando seis meses más…

“En la fase que está el plan, el Ayuntamiento no puede hacer nada a no ser que quieran otro documento, pero eso no es lo que ellos vendieron. En cuanto a los seis meses más, si se concede su petición, es cierto que los tendrá, pero la pregunta es para qué. Están suspendiendo áreas completas tal y como están definidas en el PGO, pero la realidad es que hay edificios dentro de esas zonas que no tienen por qué estar suspendidos, restringiendo usos y actividades a esos propietarios que ya podrían estar en funcionamiento. La forma correcta de hacerlo es coger áreas concretas y ver si hay zonas saturadas y eso no se ha hecho, se cogió tal cual venia en el PGO sin hacer la operación minuciosa de determinar si eran áreas colmatadas o no y eso genera una inseguridad para los propietarios durante otros seis meses”.

-¿Qué consecuencias tendría para la ciudad si, tal y como afirma el PP, el proceso es irregular?

“Teniendo en cuenta que no han justificado ni estudiado nada y han sacado un documento que no reúne las garantías jurídicas que Santa Cruz necesita, con estas suspensiones, si la Cotmac decide aprobar esto tal y como ha solicitado el Ayuntamiento, nos consta que hay muchos propietarios de áreas suspendidas que van a recurrir a los tribunales porque se ha vulnerado sus derechos”.

-Si esto es tal como describe, ¿por qué cree que el Ayuntamiento se ha arriesgado a fomentar esa inseguridad jurídica?

“El principal problema ha estado en el pacto de gobierno. El PSOE quería hacer lo que hizo, enturbiar el documento para que no siguiera adelante, y por otro lado, Coalición Canaria quería sacar el plan que quedó, con los 45 reparos, lo que pasa es que era promesa del PSOE tumbárselo. Para sacar lo que han sacado se podría haber hecho desde el primer día porque en el expediente son dos folios lo que han introducido nuevo”.

-¿Y qué pasa con las obras como la construcción de viarios que están recogidas en el PGO?

“Si el área está suspendida, cualquier indicación dentro de ella no se podrá hacer. Eso es lo que echábamos en falta: no se ha justificado en ningún momento en qué condiciones se suspende, cuáles son los objetivos generales, si vamos a modificar el uso, la infraestructura. En la zona del fuera de ordenación, no se justifica por qué se suspenden áreas tan grandes, no dan ningún dato. Por eso nos abstuvimos”.