JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Aunque Canarias sigue estando a la cola en materia educativa -así lo acreditan los datos del informe Pisa-, las políticas de inserción e inclusión social de jóvenes con medidas judiciales sí están dando sus frutos. De hecho, según datos aportados a este periódico por la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno autonómico, en los cuatro últimos años ha descendido el 75% el número de chicos que se hayan internados en régimen cerrado.
En concreto, de los 24 jóvenes que en 2009 cumplían medidas judiciales en régimen cerrado, se ha pasado a solo seis en la actualidad. De igual modo, también ha descendido notablemente la cifra de menores que se encuentran ingresados en centros en régimen semiabierto. Según los mismos datos de la Consejería de Políticas Sociales, de los 102 que cumplían condena en 2009, se ha pasado a 68 en estos momentos, dos menos que en agosto de 2011 y 27 menos que en 2010.
Este progresivo descenso en el número de menores que cumplen medidas en régimen cerrado coincide en el tiempo con un notable aumento de los chicos que cumplen sus medidas judiciales en régimen abierto. Así, de los 538 que fueron condenados en 2009, se pasó a 635 en 2010; un año después, la cifra se elevó a los 669, mientras que en la actualidad son 692 los jóvenes que cumplen sus medidas en este régimen, casi un 29% más que hace cuatro años.
Mapa de recursos
iales se produce, entre otros motivos, por la “culminación del mapa de recursos de justicia juvenil”, que ha permitido a Canarias contar con todos los medios necesarios para que los jueces puedan dictar que el joven cumpla una medida u otra, así como por la “implantación de una serie de programas pilotos, que en los inicios fueron duramente criticados pero con el tiempo y con la serenidad necesaria, han demostrado que pueden ofrecer excelentes resultados”, como es el caso de la Unidad Terapéutica de desintoxicación de Valle Tabares.
Además, recalcan las mismas fuentes, “en Canarias se ha optado por un modelo garantista de derechos de diseño público, en el que la planificación, los programas y la inspección los lleva a cabo la Dirección General del Menor y la Familia; mientras, la gestión de los centros corresponde a una fundación pública, y la inserción se realiza a través de los sistemas públicos de Sanidad, Educación o Empleo”.
A excepción de Cataluña, el Archipiélago ha sido la única comunidad española que ha diseñado un sistema de estas características, un sistema que incluye la figura del “jurista” en los centros, que junto con las inspecciones del Servicios de Medidas Judiciales y las de la Fiscalía, “garantiza el día a día de los menores, que tienen acceso a la información y acciones que tienen que ver con sus derechos”, concluyen en la Consejería.
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Programas terapéuticos de inserción social
Una de las claves del descenso en el número de menores que cumplen medidas judiciales en régimen de internamiento, ha sido el desarrollo de los programas terapéuticos puestos en marcha por la Dirección General del Menor y la Familia.
De hecho, según cifras de la propia Dirección General, desde 2009 ha aumentado el 60% el número de jóvenes que se encuentran en régimen terapéutico en alguno de los cuatro centros que existen en el Archipiélago. Desde la Consejería de Políticas Sociales destacan la importancia que al respecto ha tenido la Fundación IDEO, entidad “que ha demostrado su capacidad no sólo para cambiar el modelo de gestionar los centros, sino para mejorar cuestiones tan importantes como la propia formación del personal”. “No se pueden obtener resultados sin una política activa de recursos humanos o la clara apuesta por la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes como medida para que no vuelvan a delinquir”, subrayan las mismas fuentes, quienes recuerdan que desde que la Dirección General del Menor hizo una clara apuesta “por la inserción”, que se facilita mediante la obligación que tienen los jóvenes a incorporase a un programa educativo, laboral o de desintoxicación. Para ello, se confecciona un itinerario inclusivo individual, “cuyo propósito final es la inserción o reinserción social del joven”.
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