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Los trabajadores sociales piden más protección para grupos vulnerables

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Los colegios de Trabajo Social de Canarias consideran que es urgente una nueva ley canaria de políticas sociales que responda a la situación actual de las Islas, con más de 750.000 personas en riesgo de exclusión social. Representantes de los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se reunieron recientemente con la consejera de Políticas Sociales del Gobierno regional, Inés Rojas, y con los principales altos cargos de su departamento para trasladarles su preocupación por la situación actual de los servicios sociales.

El encuentro sirvió para analizar la aplicación en el Archipiélago de leyes como la de la Prestación Canaria de Inserción o la Ley de Autonomía Personal (conocida como Ley de Dependencia). Desde la Consejería se reconocieron algunos problemas a la hora de aplicar estas disposiciones legislativas en Canarias.

Los representantes de los colegios de Trabajo Social reiteraron la necesidad de incrementar los presupuestos sociales y criticaron que, a pesar de la situación de crisis económica y del aumento de la exclusión social en las Islas, muchas veces no se ejecutan todos los presupuestos sociales porque la Administración autonómica decidió en el caso de la Prestación Canaria de Inserción aumentar a seis meses el plazo de resolución. En este sentido, apuntaron que las exigencias del propio texto legal y la escasa dotación presupuestaria hicieron que en 2010 solo se diera cobertura al 1,35% de la probación canaria en riesgo de exclusión social, que entonces era ya del 35,5% de los habitantes del Archipiélago.

Los representantes de la Consejería y de los colegios profesionales coincidieron en que los trabajadores sociales deben “salir más de los despachos y realizar trabajos comunitarios”. Desde los colegios se recordó que la aplicación de la legislación actual carga de trabajo burocrático a los trabajadores y los asistentes sociales, y eso es lo que impide que puedan realizar más trabajo comunitario.