La política de empleo es materia estatal. El paro ya ronda los seis millones de personas y las estadísticas revelan que las políticas para combatir el desempleo son un completo fracaso, sin distinguir al ocupante de La Moncloa desde verano de 2007, que es cuando comenzó esta crisis.

El cerrojo al crédito a personas y empresas deviene en materia nacional y la sufrimos todos. Podría afirmarse que sin crédito no habrá una buena política de empleo. Algo se debe hacer y no se hace. Falta una ley de emprendedores. Falta completar el estatuto del autónomo. Falta, en definitiva, abordar el problema de fondo: que no hay contribuyentes. Nos faltan empresas y empresarios que contraten.

Resulta que nos faltan empresarios para que contraten trabajadores y resulta, también, que las administraciones siguen poniendo trabas a todo lo que huela a empresario: con más burocracia, con una hacienda confiscatoria, con más impuestos y con una infraestructura de tercera. Y las empresas tienen que competir contra bienes y servicios europeos.

¿Desde las comunidades autónomas no se puede hacer nada? Pues, sí. Se puede hacer algo. Nada menos que 76 millones de euros maneja el departamento que dirige Margarita Ramos para políticas activas de empleo, y ahí tiene responsabilidad el Ejecutivo regional y, en último término, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

Cuando Ramos presentó en mayo estas políticas activas de empleo, fue para congratularse de que en las Islas no había recortes, y fijó sus objetivos en (y cito): “Destacar la puesta del acento en el empleo juvenil, apoyo a los autónomos, a la creación de cooperativas y pymes, con medidas de formación y de apoyo y estímulo financiero”. Sólo han pasado tres meses y estas promesas están como el baúl de Karina; o sea, en el recuerdo.

Los autónomos han manifestado que no les llegan las ayudas; del empleo juvenil mejor no hablar; y todo porque el Ejecutivo ha basado la inversión de estos millones en convenios con los ayuntamientos. Desde el Gobierno autonómico se ha pasado de los empleadores y se ha apostado por las corporaciones locales, de las que se espera que creen 6.000 empleos. Es decir, que se apuesta por empleo municipal, precario y burocratizado y se cierra el grifo a los autónomos y pequeños empresarios.

Está claro que a los ayuntamientos se les pide ajustes porque sus ingresos han caído por falta de contribuyentes. No es que no tengan empadronados, es que no pueden pagar. Lo que parece es que el Ejecutivo canario apuesta por sostener artificialmente el empleo municipal a costa de ayudar al deprimido aparato productivo. No hay dinero para todo.

En la Francia de Hollande o en la Italia de Monti están barajando bajar algo los impuestos. Es obvio que la receta aliviará a las empresas, un poco o al menos las hará algo más competitivas. Sin embargo, los tiros por tierras canarias van en otro sentido: en mantener como sea lo público.
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