LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA INMIGRACIÓN >

Más de 42.000 ‘sin papeles’ se quedarán sin cobertura

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los inmigrantes sin papeles tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir de mañana, 1 de septiembre. La medida, que ha generado un amplio debate social de consecuencias impredecibles, se incluye en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado el pasado mes de abril. Este decreto determina que los extranjeros en situación irregular sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.

En Canarias, la decisión del Gobierno afecta a algo más de 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Así, de los 309.674 inmigrantes empadronados en el Archipiélago hasta el 1 de mayo, sólo 267.153 están en las Islas en situación regular. El resto, más de 32.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi 10.000 en la de Las Palmas, quedarían fuera de la atención sanitaria en los centros de salud. La mayor parte de ellos, cerca del 60%, son latinoamericanos y africanos, y en menor medida asiáticos y europeos no comunitarios.

La cantidad real, no obstante, aún podría ser mayor y situarse cerca de los 50.000, según exponen desde organizaciones como la Red Acoge, donde califican la decisión del Gobierno de “desproporcionada y no justificable por el coste económico”. “Los estudios demuestran que los inmigrantes utilizan tres veces menos que los nacionales el servicio sanitario público”, afirman desde la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), donde recuerdan que la salud de los ciudadanos extranjeros que viven en España es algo que debería preocupar a todo el mundo. “Vamos a encontrarnos con un riesgo para la salud pública”, precisan las mismas fuentes. Y es que limitar a los casos urgentes la asistencia a los extranjeros sin papeles puede masificar más esos servicios, ya de por sí sobrecargados, según indican desde el Sindicato Médico y Satse en Canarias.

Otra repercusión del Real Decreto es que cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña) tendrán que modificar sus estatutos de autonomía para retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, según exponen desde la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Desde este órgano señalan que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad podría incluso ser “inconstitucional”, porque afecta a esos referidos estatutos de autonomía, normas de carácter orgánico, aprobadas con doble tramitación parlamentaria, que un Real Decreto no puede derogar. En una línea similar se manifiestan desde SOS Racismo, donde consideran “un nuevo retroceso en los derechos sociales” y una vulneración de los derechos humanos “el fin de la universalización de la salud”.

ATENCION SANITARIA- INMIGRANTES SIN PAPELES
Pese a que la Consejería no aclara cómo, garantiza la cobertura a 42.000 irregulares. / MÉDICOS DEL MUNDO

Plataforma Canaria

Precisamente ayer, se presentó en Las Palmas de Gran Canaria la Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, que mostró su rechazo a esta medida. La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo, asociaciones de inmigrantes y sindicatos, pidió una respuesta contundente y clara por parte del Gobierno de Canarias sobre cómo va a poner en marcha dicha norma jurídica. Con el fin de hacer llegar este mensaje ante las autoridades, la plataforma anunció que realizará una concentración ante la Delegación de Gobierno mañana a las 12.30 horas, según señala Europa Press.

Por su parte, la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juana María Reyes, garantizó esta misma semana que los inmigrantes en situación irregular que ya estén en lista de espera para una intervención quirúrgica serán atendidos. Reyes llamó a “la tranquilidad” porque todas las personas que estén con “un proceso abierto” o incluidos en lista de espera para una intervención quirúrgica antes de la entrada en vigor del decreto “serán atendidas y llamadas en su momento para ser intervenidos cuando corresponda por la lista de espera”.

Ayer, el Gobierno autonómico, por medio de su portavoz , Martín Marrero, remarcó que “aun con respeto a la legalidad vigente, lo que sí garantiza el Gobierno canario es que no se dejará de atender a nadie que lo necesite y no pueda sufragarse esa atención”. El Ejecutivo señaló que que sigue pendiente una orden ministerial sobre diversos aspectos como, por ejemplo, cuál será el método para atender las exenciones que plantea para mujeres embarazadas, menores de edad o pacientes crónicos que ya están recibiendo atención de la sanidad pública.

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Ocho comunidades

Ocho comunidades, entre ellas Castilla y León y Galicia, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices. Los gobiernos gallego y castellano-leonés anunciaron ayer que aplicarán ese decreto del Ministerio de Sanidad, aunque apuntaron que seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares. Fuentes de Sanidad informaron a Efe de que las comunidades no pueden otorgar tarjetas sanitarias a personas que “no tienen ese derecho”, porque no cotizan a la Seguridad Social, pero sí pueden “en función de sus recursos o capacidades hacer lo que consideren oportuno” para continuar prestando asistencia. Sanidad entiende que la decisión de algunas regiones de no desatender a este colectivo no transgrede el decreto del Gobierno. Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación. Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC-PSOE), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo.

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El Gobierno regional afirma que “no dejará de atender a nadie que lo necesite”

El Gobierno de Canarias “será respetuoso con la legalidad” al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero “no dejará de atender a nadie que lo necesite”, según anunció ayer su viceconsejero portavoz, Martín Marrero. Canarias se ha sumado al País Vasco, Andalucía y Asturias en un comunicado conjunto en el que expresan su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con “implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles” y “a extranjeros que residen en España”.

El portavoz del Gobierno canario dijo que, en estos momentos, desconocen cuántas personas se verán afectadas por la nueva regulación, pero recalcó que la sanidad “es un derecho universal, fundamental y básico para la cohesión social”. El portavoz del Ejecutivo no consideró necesario emitir orden alguna a los médicos con la posición de Canarias.