DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
La organización Transparencia Internacional España envió a finales de julio un cuestionario a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna con ochenta indicadores, los mismos que se han remitido, en formato electrónico, a otras 106 corporaciones locales.
Al igual que en 2008, 2009 y 2010, el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) evalúa el nivel de sinceridad de las administraciones en su relación con los ciudadanos. Los resultados de esta cuarta edición se publicarán en diciembre.
Lo que se pretende es propiciar un mayor acercamiento de los ayuntamientos a los vecinos, al fomentar el aumento de la información que estos reciben de las corporaciones locales.
Cada ayuntamiento obtiene una puntuación individual, de la que se deriva una clasificación del nivel de transparencia de los 110 entes estudiados.
En 2010, Las Palmas ocupó el puesto número 42, con 81,3 puntos. Por debajo, Telde quedó en el 87 (52,5 puntos). Más atrás aún, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna empataron en el 95, con 48 puntos. Ese listado lo abrieron Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sabadell y Sant Cugat del Vallés, con 100 puntos. La tabla la cerró Fuengirola (Málaga), con apenas 22.
Las Palmas de Gran Canaria aprobó en las cinco áreas de transparencia. Entre ellas, destacan las relaciones con los ciudadanos y la sociedad (9,4) e información sobre la corporación municipal (89,5).
En cambio, Telde suspendió en transparencia económico-financiera (10,5) y en información sobre la corporación municipal (42,1).
Santa Cruz de Tenerife solo aprobó la asignatura de relaciones con los ciudadanos y la sociedad (77,8). La Laguna sacó idéntica nota en este apartado y en el de las contrataciones de servicios registró un 57,1.
En esta ocasión se han incorporado los indicadores previstos en el proyecto de Ley de Transparencia. Esta área se divide en los siguientes segmentos: planificación y organización, contratos, convenios y subvenciones, altos cargos e información económica y presupuestaria. Este bloque incluye los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, además de las actividades, medios y tiempo para su consecución.
Las administraciones públicas estarán obligadas por la normativa a difundir las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos “en la medida en que tengan consecuencias jurídicas”, los proyectos de reglamentos y los documentos que, conforme a la legislación sectorial, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Asimismo, se proporcionará el acceso a “todos los contratos formalizados, con indicación de la finalidad, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.
También estarán a disposición de los ciudadanos datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos adjudicados.
Paralelamente, Transparencia Internacional elabora el segundo índice de los poderes ejecutivos de las 17 comunidades autónomas (Incau).
Canarias terminó hace dos años en el puesto duodécimo, con una puntuación de 66,3. Adelantó a Castilla-La Mancha (62,5), País Vasco (57,5), Baleares (56,3), Valencia (56,3) y Cantabria (53,8). Por encima se situaron: Andalucía (87,5), Galicia (87,5), La Rioja (83,8), Cataluña (82,5), Extremadura (81,3), Madrid (80), Navarra (80), Castilla y León (73,8), Aragón (70), Murcia (70) y Asturias (67,5).
En ese examen, el Gobierno isleño sobresalió en relaciones con los ciudadanos y la sociedad (89,5) y suspendió, por el contrario, en transparencia económico-financiera (29,4).
En lo que sí ha avanzado Canarias es en el diseño de su propia ley de transparencia, con la que se persigue subsanar “las limitaciones de las que adolece” el texto marco nacional.
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Rendir cuentas
Transparencia Internacional se define como “la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción”. Reúne a la sociedad civil, al sector privado y a los gobiernos en una “vasta coalición global”. Esta ONG aborda las diferentes facetas de la corrupción, “tanto en el interior de los países como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales”. El propósito de esta entidad es “comprender y enfrentar” los dos rostros de la corrupción: quién corrompe y quién permite ser corrompido”.
En el escenario mundial, TI impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas políticas, el establecimiento de convenciones internacionales sobre la materia; alienta la adhesión a ellas y observa la implementación de tales acuerdos por parte de los gobiernos, las corporaciones y las empresas. En el ámbito nacional, las filiales de TI actúan en pro de una mayor transparencia y en la plasmación del principio de rendición de cuentas.
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