Los ciudadanos, aunque sean alcaldes y diputados autonómicos no pueden convertirse en bandoleros del siglo XXI asaltando supermercados ni tomarse una supuesta justicia social de por su mano, pero los gobernantes tampoco pueden aplicar a su capricho las leyes que ellos mismos aprobaron. Que todos seamos iguales ante la ley y que haya seguridad jurídica es lo que diferencia una dictadura o a un país bananero de un estado de Derecho. La Justicia ha actuado con celeridad, ya veremos si con firmeza, contra los ladrones de supermercados, aunque el alcalde de Marinaleda se esconde tras su condición de aforado e Izquierda Unida cumple con las expectativas que despertó. ¿Se imaginan ustedes que esta ley de la selva se extendiera por toda España y por otros campos? Hay que cumplir las leyes. ¿Y por qué vale entonces la decisión del Gobierno de excluir de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles? Hace pocos meses, el Parlamento, por unanimidad, aprobó la Ley de Salud Pública que señala que “todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones igualdad, sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal”. Y añade: “la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”.
El derecho a la salud es universal y no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal. Tampoco se trata de controlar mejor a estos irregulares, porque con la tarjeta sanitaria y el empadronamiento ya lo están. Tratar de cobrar 720 euros anuales a un inmigrante sin papeles -y otro tanto por cada uno de sus familiares-, al que el Gobierno dejó entrar y puede expulsar cumpliendo los trámites legales es una hipocresía y una actitud demagógica. De alguna forma, como sostiene un amigo jurista experto en estos asuntos, podría incluso atribuirles algún derecho frente a una hipotética expulsión. ¿Cómo echar a alguien con quien el Estado ha firmado un contrato de servicios? Hasta podrían pedir daños y perjuicios. Quienes sostienen que los recursos son limitados y que por tanto hay que excluir a los que no cotizan deben saber que el Estado no puede negar el derecho a la salud ni discriminar a las personas que se encuentran en territorio español, aun de forma irregular. Lo dice la Constitución, lo sostienen Estatutos de Autonomía y lo confirman leyes internacionales. Los derechos humanos son algo serio. La sanidad tiene problemas y el de los inmigrantes, hay datos sobrados, no es el primero. No se puede ahorrar siempre a costa de los más desprotegidos.