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Sortean los pisos de Timibúcar pero los vecinos no pueden mudarse

EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma celebró ayer el sorteo de las viviendas de Timibúcar, pisos de nueva construcción que sustituirán a los que desde hace décadas habitan 16 familias en el deteriorado edificio del albergue municipal, en el marco de un acto que pretendía tener carácter definitivo, pero para el que desde el Consistorio ya se advierte de que “habrá reclamaciones”.

Las quejas de algunos de los vecinos vienen dadas, primero, por el hecho de que esta adjudicación provisional no va a suponer la entrega de los nuevos pisos en base a los problemas del Consistorio para asumir el derribo del albergue municipal; y por otro lado, por los inconvenientes que sufren varias de estas familias al acreditar los informes policiales que durante distintos períodos de tiempo no han habitado los pisos del viejo inmueble, con humedades y algunos desprendimientos, entre otros problemas estructurales.

Si bien el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras, Vivienda y Seguridad Ciudadana, Juan José Cabrera Guelmes, evidenció ayer en el pleno, y en respuesta a las recriminaciones de la oposición, la existencia de tales informes y garantizó “transparencia y legalidad”, el grupo nacionalista votó en contra del proceso de adjudicación alegando que ya han quedado fuera del sorteo varias familias a las que se les había garantizado, previamente, que se les entregaría su nueva vivienda en régimen de alquiler en una fórmula que popularmente han denominado “llave por llave”.

Otro de los inconvenientes planteados por los nacionalistas al proceso de adjudicación es que “a los vecinos se les pide, para que puedan acceder a una plaza de garaje, que tengan a su nombre un vehículo; es algo ilógico y supone una discriminación de estos vecinos frente a otras adjudicaciones en las que nunca se ha procedido de esta forma”. El grupo de Gobierno no facilitó la cuantía exacta que pagarán en concepto de alquiler durante los próximos 10 años los adjudicatarios de las viviendas, aunque semanas atrás barajaron cifras que oscilaban entre una cantidad mínima de 10 euros y una máxima de 250 euros al mes.